Que Son Las Normas De Aplicacion Inmediata?

Que Son Las Normas De Aplicacion Inmediata
Las normas de aplicación inmediata permiten que los tribunales locales las apliquen de manera directa, a diferencia de las normas conflictuales, que son aplicables para determinar que norma jurídica extranjera será la que nos proporcione la solución directa.

¿Qué es la aplicación inmediata de la norma?

La aplicación o efecto general inmediato de la ley es la proyección de sus disposiciones a situaciones jurídicas que están en curso al momento de su entrada en vigencia.

¿Cuáles son las normas de derecho internacional privado?

SUMARIO. Introducción.I. Observaciones generales. II. Comentarios específicos. Nota final. Referencias. Introducción Actualmente, un Proyecto de Reforma del Código Civil de Colombia es impulsado por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia 1 y el Ministerio de Justicia y del Derecho 2 (en lo sucesivo, Proyecto de Reforma).

Se realiza «en el sentido de actualizarlo y, al mismo tiempo, unificarlo en su régimen de obligaciones y contratos con la legislación mercantil. Para ello, no se pretende partir de cero, sino tener como insumo de estudio y apoyo el ‘Proyecto de Código Civil’ elaborado en 1984» por José Alejandro Bonivento Fernández, Pedro Lafont Pianetta y Arturo Valencia Zea (en lo sucesivo, Proyecto de 1984).

El Proyecto de Reforma incluye normas sobre derecho internacional privado principalmente en el libro I, Parte general, título I, De la aplicación de las leyes, capítulo v, Conflictos de la ley en el espacio, artículos 21 a 33, Allí se encuentran normas que se refieren a: 1.

  1. Disposiciones generales», 2.
  2. ‘Del estado civil y de la capacidad», 3.
  3. De los derechos reales», 4.
  4. De los negocios y hechos jurídicos», 5.
  5. Derecho de familia» y 6.
  6. De las sucesiones».
  7. El presente documento, que presenta observaciones y comentarios sobre algunos elementos relevantes de dicho Proyecto de Reforma en materia de derecho internacional privado, se divide en dos partes.

La primera parte contiene observaciones sobre ciertos aspectos generales del derecho internacional privado colombiano (I), incluyendo en cada una de tales observaciones cuál es la situación actual, lo que al respecto se encuentra en el Proyecto de Reforma, así como algunas recomendaciones.

La segunda parte contiene comentarios específicos sobre la regulación en materia de derecho internacional privado incluida en el Proyecto de Reforma (n).I. Observaciones generales 1. El derecho internacional privado es derecho nacional (con fuentes de origen nacional, supranacional e internacional) El Proyecto de Reforma nos recuerda claramente que el derecho internacional privado es derecho nacional.

El derecho internacional privado determina cómo se regulan las situaciones privadas relacionadas con más de un ordenamiento jurídico (dedicarse a este tipo de situaciones es lo que hace que la denominación de este campo jurídico incluya el adjetivo «internacional»), indicando a las autoridades nacionales (jueces, servidores públicos, etc.) cómo han de decidir ese tipo de situaciones cuando deban decidirlas por tener competencia para ello.

Estas normas se encuentran en instrumentos normativos dictados por los órganos legislativos nacionales o en instrumentos supranacionales (que deben ser aplicados por las autoridades nacionales en relación con situaciones vinculadas con los Estados que forman parte de un proceso de integración regional).

Además, una vez que el Estado firma y ratifica tratados internacionales sobre esta materia, estos pasan, de acuerdo con las particularidades jurídicas que al respecto existen en el país, a formar también parte del régimen jurídico que las autoridades nacionales (jueces, servidores públicos, etc.) deben considerar para decidir situaciones privadas relacionadas con más de un ordenamiento jurídico, específicamente cuando involucran a Estados que formen parte del tratado del que se trate.1.1.

Situación actual. Las normas de derecho internacional privado vigentes actualmente en Colombia se encuentran dispersas en diferentes instrumentos normativos. A nivel nacional, se tienen normas de derecho internacional privado en el código civil (cfr. arts.19, 20, 21, 180, 1012, 1053, 1054, 1084-1086) y en el código de comercio (cfr.

arts.869, 1328); también las hay en normas especiales, por ejemplo, en la Ley 1676 de 2013 por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias (art.83). Adicionalmente, son aplicables en Colombia las normas de derecho internacional privado de origen supranacional que se encuentran en decisiones de la Comunidad Andina de Naciones (v.gr., en materia de transporte).

  • Colombia también ha firmado y ratificado tratados internacionales sobre temas de derecho internacional privado.
  • Algunos de estos tratados son modernos, pues han sido adoptados en tiempos relativamente recientes y se ocupan, desde perspectivas actuales, de temas que internacionalmente se consideran importantes hoy, por ejemplo: compraventa internacional de mercaderías 4, adopción internacional 5, sustracción internacional de menores 6, obligaciones alimentarias 7, reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras 8, cooperación judicial internacional 9 o arbitraje internacional 10,

La mayoría de estos tratados han sido adoptados en el seno de organizaciones internacionales: Conferencia de La Haya 11, Instituto para la Unificación del Derecho Privado 12, Organización de Estados Americanos 13, Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional 14,

Entre los tratados vigentes en Colombia se encuentran también tratados internacionales adoptados en tiempos más antiguos. Entre estos destacan los Tratados de Montevideo de 1889 y algunos tratados bilaterales, como los celebrados con Ecuador 16 y España 17, Por referirse a aspectos fundamentales para la solución de casos de derecho internacional privado, sobresale entre todos los tratados firmados y ratificados por Colombia la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado, aprobada por la Ley 21 de 1981, cuya relevancia ha sido adecuadamente considerada por la Corte Constitucional 18,1.2.

Proyecto de Reforma. Por un lado, es de destacar que el Proyecto de Reforma se refiere a una reforma del código civil «en el sentido de actualizarlo y, al mismo tiempo, unificarlo en su régimen de obligaciones y contratos con la legislación mercantil» 19,

  1. En cuanto al derecho internacional privado, la unificación con la legislación mercantil impactaría especialmente los actuales artículos 869 y 1328 c. de co.
  2. Por otro lado, se pueden identificar al menos dos puntos en los cuales se toman en cuenta desarrollos internacionales, los cuales han tenido lugar fuera del ámbito específico del derecho internacional privado: derechos fundamentales, lo cual abarca derechos humanos conforme al bloque de constitucionalidad (cfr.

art.21, segundo párrafo, que se refiere a los derechos fundamentales como límite a los efectos de las leyes extranjeras en Colombia; cfr. apartado n.1.1, infra), y propiedad intelectual (cfr. art.25; cfr. apartado II.3.1, infra).1.3. Recomendación. Tomando en cuenta lo dicho anteriormente, si bien el derecho internacional privado es derecho nacional, la revisión y eventual reforma del derecho internacional privado colombiano debe realizarse teniendo en cuenta no solo las normas nacionales, sino también desarrollos internacionales que han tenido lugar dentro del ámbito específico del derecho internacional privado.

  1. Con esto se alude, particularmente, a los tratados de derecho internacional privado firmados y ratificados por Colombia.
  2. Pero podría extenderse a los que no han sido ratificados, por ejemplo, entre los adoptados en el ámbito de la Organización de Estados Americanos.
  3. En este particular, es de anotar muy brevemente el hecho de que en los tratados adoptados en el ámbito latinoamericano se refleja la amplia y rica historia del derecho internacional privado en nuestra región.

Del Congreso de Lima de 1878 a las conferencias especializadas organizadas en el seno de la Organización de los Estados Americanos aproximadamente un siglo después, los Estados latinoamericanos se han preocupado por la búsqueda de soluciones comunes a los problemas derivados de los conflictos de leyes.

  1. Algunos de esos tratados, incluyendo tratados que están vigentes para Colombia, son ciertamente antiguos y no responden necesariamente a intereses y concepciones actuales.
  2. Sin embargo, no es correcto dejar tales tratados de lado sin más, únicamente sobre la base de su antigüedad y deduciendo de ella como evidente su obsolescencia.

Es necesario observar con atención sus disposiciones. Esto podría incluso representar, eventualmente, una valiosa oportunidad para Colombia para reimpulsar el acercamiento entre los países latinoamericanos para dialogar sobre estos temas (a tal efecto sería ineludible, sin embargo, atender a la observación general tratada en el apartado I.5, infra).2.

El derecho internacional privado va más allá de las normas que establecen el ordenamiento jurídico aplicable a las situaciones relacionadas con varios ordenamientos jurídicos El derecho internacional privado abarca fundamentalmente tres ámbitos: (1) determinación de la competencia de las autoridades nacionales para decidir sobre las situaciones relacionadas con varios ordenamientos jurídicos, (2) determinación del ordenamiento jurídico que dichas autoridades deben aplicar para decidir ese tipo de situaciones y (3) determinación de las circunstancias bajo las cuales es posible el reconocimiento y la ejecución de sentencias emitidas en el extranjero 20,2.1.

Situación actual. En cuanto al segundo punto (2), véase el apartado I.1, supra. En cuanto al primer punto (1), Colombia carece de normas generales claras en torno a la competencia judicial internacional directa de sus tribunales, es decir, para conocer y decidir sobre situaciones relacionadas con más de un ordenamiento jurídico.

  1. Esto contrasta con la situación específicamente en materia de arbitraje comercial (cfr.
  2. Ley 1563 de 2012).
  3. Con el fin de salvar tal carencia, la doctrina 21 ha propuesto hacer uso de la tesis de la extrapolación de las normas que regulan la competencia interna por el territorio (cfr.
  4. Art.28 c.g.p.) para resolver situaciones privadas relacionadas con más de un ordenamiento jurídico, mediando la adecuación pertinente en cada caso.

Además, se ha recomendado hacer uso, en el marco constitucional (art.230 de la Constitución Política de Colombia), de principios generales del derecho deducidos de normas internacionales sobre la materia 22, como criterios auxiliares de la labor judicial.

  • Se trataría, por ejemplo, del principio según el cual son competentes los tribunales del lugar del domicilio del demandado, para toda clase de acciones, o el principio de competencia de los tribunales del lugar de ubicación de los bienes, para acciones que recaen sobre derechos reales.
  • Sin embargo, tales soluciones no son suficientes para salvar plenamente la ausencia de legislación en torno a la competencia de los tribunales colombianos para conocer y decidir sobre situaciones relacionadas con más de un ordenamiento jurídico.

En cuanto al tercer punto (3), las normas que al respecto se encuentran en el código general del proceso (cfr. arts.605 a 607) son básicamente las mismas normas del antiguo código de procedimiento civil. No ha habido, pues, una revisión de fondo reciente de las normas sobre reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales extranjeras.2.2.

Proyecto de Reforma. El Proyecto de Reforma se inserta en el segundo ámbito (2), es decir, el referido a la determinación del ordenamiento jurídico que se debe aplicar para decidir situaciones relacionadas con más de un ordenamiento jurídico. Partiendo de la idea de que el código civil contiene normas de derecho común, el Proyecto de Reforma está conformado por normas generales sobre las áreas a las que se refiere (disposiciones generales, estado civil y capacidad, derechos reales, negocios y hechos jurídicos, derecho de familia y sucesiones).

No se excluye, por supuesto, que pueda haber normas de derecho internacional privado en leyes especiales que eventualmente lleguen a tener una aplicación preferente (p. ej., art.83 de la Ley de Garantías Mobiliarias, Ley 1676 de 2013). Debido a que se trata de una revisión de normas sustantivas, el Proyecto de Reforma no considera los otros dos ámbitos del derecho internacional privado: determinación de la competencia de las autoridades nacionales para decidir sobre las situaciones relacionadas con varios ordenamientos jurídicos y determinación de las circunstancias bajo las cuales es posible el reconocimiento y la ejecución de sentencias emitidas en el extranjero.

No obstante, estos dos ámbitos también deberían ser revisados en Colombia.2.3. Recomendación. El derecho internacional privado colombiano debería ser revisado tomando en cuenta todos los ámbitos que lo componen. Es de anotar que existen ordenamientos jurídicos en los que las normas generales de derecho internacional privado se encuentran en el código civil 23, o en una ley introductoria al código civil 24, o en un solo código que abarca las materias civil y comercial 25 ; también existe la posibilidad de adoptar una ley especial sobre derecho internacional privado.

En cualquier caso, una revisión que tome en cuenta los aspectos generales del derecho internacional privado en su conjunto podría permitir realizar una regulación más sistemática y armónica, así como apreciar más claramente la naturaleza básica de este campo jurídico, en relación con las materias especiales dentro del derecho privado 26,

A tal efecto, podría resultar útil partir de una observación acuciosa y crítica de normas existentes, como lo son, entre otras, aquellas que se encuentran en la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado (Ley aprobatoria 21 de 1981), así como también propuestas normativas que ya han sido realizadas en la doctrina colombiana 27,3.

Legislar en el campo del derecho internacional privado presupone una labor comparativa Las normas de derecho internacional privado en sentido estricto son las normas de conflicto de leyes, que indican cuál ordenamiento jurídico es aplicable a situaciones privadas vinculadas con más de un ordenamiento jurídico.

El supuesto de hecho de una norma de este tipo se refiere a una situación privada relacionada con más de un ordenamiento jurídico, mientras que su consecuencia jurídica consiste en la indicación del ordenamiento jurídico que debe aplicarse para resolver esa situación. Para hacer esto, se usa lo que generalmente se denomina «factor de conexión» (este es un término técnico del derecho internacional privado usado para identificar el elemento que se usa, en la formulación de normas de conflicto, para designar el ordenamiento jurídico aplicable al supuesto de hecho de que se trate).

Por ejemplo, en una norma de derecho internacional privado que indique que las situaciones referidas a derechos reales deben ser resueltas aplicando el ordenamiento jurídico del lugar donde los bienes se encuentren ubicados, el lugar de la «ubicación» o «situación» está siendo usado como «factor de conexión».

Antes de decidir qué factor(es) de conexión se usará(n) en una norma de derecho internacional privado, se debe realizar una comparación 28, que consiste en observar qué se desprendería de la utilización de cada uno de los diferentes factores de conexión que podrían ser usados, según la materia de la que se trate.3.1.

Situación actual. En la exposición de motivos del Proyecto de 1984 se lee la siguiente afirmación: «En su conjunto, representan un sistema ininteligible y ‘monstruoso’ ni siquiera se indica una orientación general», haciendo referencia a las normas de derecho internacional privado del código civil (cfr.

Arts.19, 20, 21, 180, 1012, 1053, 1054, 1084-1086), junto a las cuales han de verse normas que se encuentran en otros instrumentos normativos (cfr., v.gr., arts.869 y 1328 c. de co.). Esa afirmación sigue siendo válida actualmente. Una circunstancia que, al menos en parte, puede estar en la base del carácter «ininteligible y monstruoso» del derecho internacional privado colombiano parece estar relacionada con la ausencia de una labor comparativa en el proceso legislativo del cual resultó el actual código civil.

Sería necesario realizar una investigación histórica minuciosa para comprobar dicha suposición. Sin embargo, en apoyo de la suposición anotada basta con recordar aquí que en lo tocante a derecho internacional privado el código civil de Chile de 1855 fue seguido con gran fidelidad en Colombia, como lo fue, en general, en el resto de América Latina 29,3.2.

  1. Proyecto de Reforma.
  2. Al igual que las normas del actual código civil señaladas, la mayor parte de las normas sobre derecho internacional privado incluidas en el Proyecto de Reforma (libro I, Parte general, título I, De la aplicación de las leyes, capítulo v, arts.21 a 33, y el art.707) son normas de derecho internacional privado en sentido estricto, es decir, normas de conflicto de leyes, puesto que indican cuál ordenamiento jurídico es aplicable a situaciones privadas vinculadas con más de un ordenamiento jurídico.

Estas normas se refieren a: estado civil y capacidad (art.22), derechos reales (arts.24 y 25, cuya redacción hace difícil su consideración como norma de conflicto de leyes), negocios y hechos jurídicos (arts.26 a 28), derecho de familia (arts.29 a 32), sucesiones (art.33), compraventa de mercaderías (art.707).

  1. No es posible deducir del Proyecto de Reforma que se haya realizado una comparación como la enunciada más arriba, así como tampoco consta en el Proyecto de 1984, tomado por el Proyecto de Reforma como insumo de estudio y apoyo 30,3.3.
  2. Recomendación.
  3. Es recomendable realizar una comparación previa a la formulación de cada norma de derecho internacional privado, a partir de la cual sea posible justificar la escogencia de determinado(s) factor(es) de conexión.

Para ilustrar lo que implica la realización de esta tarea es posible retomar el ejemplo de situaciones referidas a derechos reales que se mencionó antes, en relación con las cuales, especialmente tratándose de bienes muebles, sería posible tomar en cuenta y comparar qué ocurriría, es decir, qué consecuencias positivas o negativas se producirían, si se usaran, de forma general o bajo ciertas circunstancias, otros factores de conexión distintos del lugar de la «ubicación» o «situación», como el domicilio del propietario, el lugar del registro, el lugar de origen o de destino, o incluso la autonomía de las partes 31,4.

El derecho internacional privado presupone la consideración y la posibilidad de aplicación de derecho extranjero Las normas de derecho internacional privado en sentido estricto (normas de conflicto de leyes) indican cuál ordenamiento jurídico es el que debe ser aplicado para resolver situaciones privadas vinculadas con más de un ordenamiento jurídico (cfr.

apartado I.3, supra). El ordenamiento jurídico aplicable puede ser el ordenamiento jurídico nacional (que, por ser el del lugar donde se resuelve la situación, se denomina técnicamente en derecho internacional privado «lex fori») o puede ser un ordenamiento jurídico extranjero.

  1. Una norma de conflicto de leyes es llamada «unilateral» cuando establece que el ordenamiento jurídico nacional (lex fori) es el que debe aplicarse para resolver las situaciones que entran dentro de su supuesto de hecho.
  2. Si el factor (o los factores) de conexión de una norma de conflicto de leyes permite(n) la posibilidad de aplicar un ordenamiento jurídico extranjero, dicha norma se denomina «bilateral».

Las normas de conflicto bilaterales exigen que, si su(s) factor(es) de conexión remite(n) a una circunstancia que se produce en el extranjero, se aplique el ordenamiento jurídico extranjero del que se trate. Sin embargo, la efectiva aplicación del ordenamiento jurídico extranjero, una vez que este ha sido establecido, dependerá de la evaluación que ha de realizarse para saber si es acorde con ciertas circunstancias, entre las que destacan las siguientes: que no vaya en contra del orden público internacional del país, que no implique fraude a la ley y que no vaya en contra de normas de aplicación necesaria o imperativa (normas de policía).

  • Si el derecho extranjero es acorde con dichas circunstancias, este deberá ser aplicado, a pesar de la resistencia que esto pueda producir entre los operadores jurídicos nacionales.
  • Es posible tomar en cuenta también otros aspectos, como, por ejemplo, la aplicación de la ley extranjera de oficio por parte de los jueces o la consideración de derechos adquiridos en el país extranjero.

Algunas leyes de derecho internacional privado contemplan incluso la existencia de las llamadas «cláusulas de escape», que dejan un importante margen de flexibilidad para la autoridad que conoce del caso.4.1. Situación actual. Las más sobresalientes normas de conflicto de leyes vigentes actualmente en Colombia son normas de conflicto unilaterales.

Es el caso de los artículos 19 (derechos personales) y 20 (derechos reales) c.c., así como de los artículos 869 (contratos mercantiles) y 1328 (agencia comercial) c. de co. Existen también normas de conflicto bilaterales, como los artículos 21 (forma de los instrumentos públicos) y 1012 (sucesiones) c.c., y el artículo 83 de la Ley 1676 de 2013.

Entre las circunstancias bajo las cuales se ha de evaluar si efectivamente es posible la aplicación del ordenamiento jurídico extranjero, solo existe en Colombia cierta claridad en relación con el orden público, que ha sido tratado copiosamente por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia al decidir sobre reconocimiento de sentencias extranjeras 32, decisiones según las cuales este debe ser aplicado de manera excepcional e interpretado restrictivamente.

El orden público y el fraude a la ley se encuentran en la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado (cfr. arts.5 y 6), que al ser un tratado internacional solo es aplicable entre los Estados que lo han firmado y ratificado. No hay en Colombia norma (de origen nacional ni internacional) sobre normas de aplicación necesaria (normas de policía).

Lo mismo ocurre en relación con la calificación, que debe realizarse en cada caso para saber qué normas se aplicarán para resolverlo; tampoco hay regulación en relación con el reenvío, con lo cual, no existiendo limitación expresa, se podría llegar a la necesidad de considerar la aplicación de un ordenamiento jurídico extranjero distinto del que una norma de conflicto de leyes ordena aplicar.4.2.

  1. Proyecto de Reforma.
  2. Las normas de conflicto de leyes incluidas en el Proyecto de Reforma son normas bilaterales.
  3. Esto quiere decir que contemplan la posibilidad de aplicación de ordenamientos jurídicos extranjeros.
  4. En cuanto a las circunstancias bajo las cuales se ha de evaluar si efectivamente es posible la aplicación del ordenamiento jurídico extranjero, el Proyecto de Reforma se refiere al orden público y al fraude a la ley (cfr.

art.21). No se incluye regulación alguna sobre otras circunstancias, tales como las normas de aplicación necesaria (normas de policía), el establecimiento del contenido del derecho extranjero, la calificación o el reenvío, por mencionar algunas. Puesto que las normas de conflicto que incluye el Proyecto de Reforma son normas bilaterales, se hace ineludible la consideración de la regulación de las circunstancias que acaban de ser referidas.4.3.

  1. Recomendación.
  2. Es necesario estudiar y analizar la regulación sistemática de las circunstancias que deben considerarse para evaluar la aplicación de un ordenamiento jurídico extranjero, al resolver una situación vinculada con más de un ordenamiento jurídico.
  3. Estas circunstancias incluyen, aunque no necesariamente se limitan a, las siguientes: establecimiento del contenido y alcance del ordenamiento jurídico extranjero, calificación, orden público internacional, fraude a la ley, normas de aplicación necesaria (normas de policía), reenvío.

A tal efecto, sería útil partir de una observación acuciosa y crítica de las normas que se encuentran en la Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado (Ley 21 de 1981) referidas a algunas de las circunstancias anotadas (v.gr., orden público, art.5; fraude a la ley, art.6; papel del juez y de las partes en la determinación del derecho extranjero, art.2; situaciones válidamente adquiridas en el extranjero, art.7), aunque en ella no hay referencia a otros aspectos a tener en cuenta, por ejemplo, la calificación, el reenvío 33 o las normas de policía.5.

El conocimiento y el estudio del derecho internacional privado en Colombia tienen que ser fortalecidos El derecho internacional privado suele ser incomprendido. Pero esto no quiere decir, en absoluto, que no sea importante. El derecho internacional privado acumula siglos de experiencia en el tratamiento teórico y normativo de las maneras como los diversos ordenamientos jurídicos se relacionan entre sí 34, especialmente de la forma como el ordenamiento jurídico nacional de cada país se relaciona con los ordenamientos jurídicos extranjeros 35,

Esto es así porque este campo jurídico se ocupa de las situaciones privadas relacionadas con más de un ordenamiento jurídico, planteándose la posibilidad de aplicar derecho extranjero para resolverlas (esto, que desde sus inicios se ha reconocido como posible en relación con los derechos personales, puede ocurrir en diversas situaciones).

See also:  Normas Fda Que Es?

Lo dicho, junto con el creciente relacionamiento entre sujetos, bienes, servicios o capitales más allá de las fronteras estatales, en el marco de la globalización, justifica que se atienda a la necesidad de que el derecho internacional privado sea estudiado y comprendido. Frente a ello, conviene aclarar que, si bien el estudio del derecho público (es decir, el derecho público en el ámbito nacional) es ciertamente muy importante y fundamental, su arraigo en la soberanía estatal (lo que se manifiesta claramente, por ejemplo, en el hecho de que históricamente las normas de derecho público han sido estrictamente territoriales y, en consecuencia, su aplicación extraterritorial ha sido, por regla general, descartada) impide que desde él se puedan observar adecuadamente las situaciones vinculadas con varios ordenamientos jurídicos.5.1.

Situación actual. En el caso colombiano, la atención que actualmente requiere el derecho internacional privado ha de revestir carácter prioritario. Solamente escasas universidades incluyen la enseñanza del derecho internacional privado en sus programas de pregrado de derecho.

Y, cuando se incluye, se tiende a pensar que para enseñar derecho internacional privado basta con impartir un curso sobre algún régimen especializado en boga (v.gr., contratos internacionales, compraventa internacional de mercaderías, arbitraje internacional, derecho internacional de la familia), sin ver con el detenimiento debido los fundamentos de la materia.

Esto se agrava con la tendencia a privilegiar en los programas de pregrado de derecho el estudio de las materias de derecho público (se alude aquí a las materias de derecho público en el ámbito nacional) en desmedro de las de derecho privado (incluyendo el derecho internacional privado), sobre la base de la bienintencionada, aunque equivocada, creencia de que las primeras son más humanas y que el derecho internacional privado se reduce al comercio internacional o a los negocios internacionales.

  1. Por supuesto, esta situación inevitablemente ha hecho mella en el desarrollo doctrinario y jurisprudencial en el campo del derecho internacional privado en el país.
  2. De ello es producto, por ejemplo, el hecho de que Colombia haya prácticamente olvidado en las últimas décadas a sus más doctos autores en esta materia, como Alfredo Cock Arango 36, José Joaquín Caicedo Castilla 37 o Ramón Mantilla Rey 38,

Parece haberse olvidado la habilidad que esos autores tuvieron para facilitar mediante sus escritos la comprensión de los entresijos de la materia. Y, lo que es más llamativo, se han dejado de lado los aportes que ellos pudieron hacer a la dilatada tradición latinoamericana en el campo del derecho internacional privado.5.2.

Proyecto de Reforma. No son claros los aspectos conceptuales o teóricos sobre los que se encuentra basado el Proyecto de Reforma en materia de derecho internacional privado, ni sobre la influencia que en ella pudo tener la doctrina colombiana, puesto que no cuenta con una exposición de motivos en la que dichos aspectos se puedan ver reflejados.

Por su parte, la exposición de motivos del Proyecto de 1984, en el que se apoya el Proyecto de Reforma, no es suficientemente detallada en relación con la regulación sobre derecho internacional privado, de manera que sea posible observar expresamente la influencia de los desarrollos doctrinarios que hasta ese momento habían tenido lugar específicamente dentro del derecho internacional privado colombiano.5.3.

  • Recomendación.
  • Por una parte, sería aconsejable tomar en cuenta el hecho de que, como se ha indicado, la consideración de la diversidad jurídica está en la base misma del derecho internacional privado.
  • En este sentido, mecanismos y métodos desarrollados en el derecho internacional privado podrían ser útiles para responder apropiadamente a la diversidad jurídica que subyace en la diversidad cultural indígena del país 39 y, así, aproximarse al fin perseguido por el Proyecto de Reforma en cuanto a la «inclusión de grupos históricamente marginados» 40,

Por otra parte, es recomendable que, más allá del Proyecto de Reforma y en el marco de una revisión amplia del derecho internacional privado colombiano, se tomen medidas para fortalecer el conocimiento y estudio de los fundamentos de esta materia en Colombia.

Tales medidas deberían ser tomadas en dos frentes. Primero, es necesario promover el fortalecimiento del estudio de la materia en los programas de pregrado de derecho de las universidades del país, lo que trasciende la mera inclusión de cursos de derecho internacional privado general. Esto implica, además, y de manera muy especial, formar a los docentes en cuanto a los fundamentos del derecho internacional privado.

Segundo, es necesario fortalecer simultáneamente el conocimiento sobre los fundamentos del derecho internacional privado entre jueces y demás operadores jurídicos. En el diseño y la implementación de medidas en ambos frentes, habrá de tenerse presente que será necesario acometer un cambio de mentalidad en cuanto a preconcepciones sobre la materia.

II. Comentarios específicos Los que siguen a continuación son solamente algunos comentarios que se esbozan a partir de determinados rasgos que destacan en cada una de las secciones en las que el Proyecto de Reforma incluye normas sobre derecho internacional privado: libro I, Parte general, título I, De la aplicación de las leyes, capítulo v, Conflictos de la ley en el espacio, artículos 21 a 33,

Los textos de los artículos correspondientes a cada sección preceden el comentario respectivo. Estos comentarios se realizan, principalmente, con base en un cotejo de dichos artículos con la normativa actual. Ha de advertirse, entonces, que no son resultado de un análisis exhaustivo y, en cualquier caso, cada uno de ellos ha de ser leído teniendo en cuenta las observaciones generales (I), que ya fueron expuestas.1.

Artículo 21. La ley se aplicará en todo el territorio nacional, en las naves y aeronaves matriculadas en Colombia que navegan en alta mar o que se encuentran en el espacio aéreo libre. Su observancia será obligatoria para los nacionales como para los extranjeros residentes en Colombia y personas en tránsito en el país. Para que las leyes extranjeras produzcan efectos en Colombia, no deben ser contrarias al orden público, a las buenas costumbres, ni a los derechos fundamentales. Nadie puede prevalerse de una situación jurídica creada en aplicación de una ley extranjera en fraude a la ley colombiana. La sentencia proferida con base en la ley extranjera solo producirá efectos en el país si no es contraria al orden público internacional y siempre que se satisfagan las condiciones para su reconocimiento.

1.1. Comentario. El primer párrafo del artículo 21 contiene el principio de territorialidad de la ley. La variación más resaltante en relación con la norma respectiva del código civil actual (art.18) es que no solo se refiere a nacionales y extranjeros residentes, sino que incluye también a las personas en tránsito.

El principio de territorialidad es fundamental en derecho internacional privado, pues se encuentra en la base de su naturaleza nacional (cfr. apartado I.1, supra), de manera que un ordenamiento jurídico extranjero será aplicable cuando las normas que hacen parte del sistema jurídico nacional (ya sean de origen nacional, supranacional o internacional) contemplan su aplicación.

Más arriba (cfr. apartado I.4, supra) se señaló que esto es lo que hacen las normas de conflicto bilaterales, como las que se encuentran en el Proyecto de Reforma. El segundo párrafo del artículo 21 se refiere al orden público como límite a los efectos de las leyes extranjeras en Colombia.

Como ya se anotó (cfr. apartado 1.4, supra), la compatibilidad del ordenamiento jurídico extranjero, que resultare aplicable en virtud de una norma de conflicto de leyes, con el orden público internacional del país del foro es una de las circunstancias más importantes para que su aplicación en un caso concreto pueda tener lugar efectivamente.

El orden público se encuentra regulado, como ya se indicó (cfr. apartado 1.4, supra), en el artículo 5 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado (Ley aprobatoria 21 de 1981). Por otra parte, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha aclarado el contenido y alcance del orden público cuando le ha correspondido evaluar el reconocimiento de sentencias extranjeras, en aplicación de la regulación que sobre esta materia se encuentra en el código general del proceso (art.606).

Además de aclarar que el orden público es excepcional, y por tanto su interpretación y aplicación deben ser restrictivas, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha aclarado que el orden público abarca los derechos fundamentales 42, En este sentido, el segundo párrafo del artículo 21 viene a incorporar a la legislación nacional la indicada regulación internacional, así como el mencionado desarrollo jurisprudencial.

El tercer párrafo del artículo 21 incluye la figura del fraude a la ley. El fraude a la ley también se encuentra regulado, como ya se indicó (cfr. apartado I.4, supra), en el artículo 6 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado (Ley aprobatoria 21 de 1981).

En esta Convención se encuentra, además del elemento objetivo del fraude a la ley, el elemento subjetivo, es decir, la intención fraudulenta. El segundo párrafo del artículo 21 contempla el fraude a la ley de forma general, sin exigir expresamente para su configuración la presencia el elemento subjetivo.

Finalmente, llama la atención que el último párrafo del artículo 21 contiene una frase poco clara: «sentencia proferida con base en la ley extranjera». Pareciera, en una primera lectura, que se estuviera incluyendo las sentencias proferidas por tribunales nacionales que se basen en derecho extranjero (por remisión de una norma de conflicto de leyes).

Artículo 22. La existencia y el estado civil de las personas físicas se rigen por la ley del domicilio. La misma ley regula la constitución y existencia de las personas jurídicas de derecho privado. La capacidad de obrar se rige por la ley del lugar donde se ejercita.

2.1. Comentario. Al incorporar el domicilio como factor de conexión, la primera oración del artículo 22 incluye un cambio importante respecto de la normativa actual. Actualmente, el artículo 19 c.c. contiene una norma unilateral que dispone que el estado y capacidad civil de los nacionales colombianos se regula por el ordenamiento jurídico de su nacionalidad (derecho colombiano) 43,

A este respecto, la doctrina nacional ha criticado el actual artículo 19 c.c. llamando la atención sobre el hecho de que solo atañe a los colombianos, y no se refiere al estatuto personal de los extranjeros ni a los conflictos de leyes que puedan nacer en relación con él 44, El artículo 22 del Proyecto de Reforma incluye una norma de conflicto bilateral que abarca a las personas físicas extranjeras.

Al contener el domicilio como factor de conexión, el artículo 22 refleja la misma solución que se encuentra sobre esta materia en el artículo 1 del Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional (Ley aprobatoria 33 de 1992), aunque este solo se refiere a la capacidad.

Si, como se propone en el artículo 22, se incorpora a la legislación nacional una norma de conflicto que usa el domicilio como factor de conexión, el ordenamiento jurídico del lugar del domicilio de una persona (colombiana o extranjera) será aplicable a toda situación en la que deba dilucidarse su estado civil o capacidad, y no solo entre los Estados que hagan parte del tratado internacional 45,

Por otra parte, la segunda oración del artículo 22 sujeta la constitución y existencia de las personas jurídicas de derecho privado también al ordenamiento jurídico del lugar de su domicilio. Si el Proyecto de Reforma plantea una unificación con la legislación mercantil solo en materia de obligaciones y contratos, como lo planteó el Proyecto de 1984, esto podría significar, o bien que el artículo 22 del Proyecto de Reforma no aplicaría a las sociedades mercantiles, que continuarían estando regidas por el código de comercio (art.469 y ss.), o bien que esta última normativa debería ser observada en relación con lo establecido en el artículo 22.3.

Artículo 24. El régimen jurídico de los derechos reales y de la posesión se gobierna por la ley de su situación. El cambio de situación de los bienes muebles no afecta los derechos constituidos a favor de una persona con arreglo a la ley del lugar en donde existían al tiempo de la adquisición del derecho. Pero los interesados deben llenar los requisitos exigidos por la ley del lugar de la nueva situación para la conservación y efectividad de sus derechos. Artículo 25. La propiedad intelectual y los demás derechos análogos se protegerán dentro del territorio nacional de acuerdo con la ley colombiana, sin perjuicio de lo establecido por las normas de la Comunidad Andina o por los tratados, convenios e instrumentos internacionales en que Colombia sea parte.

3.1. Comentario. El primer párrafo del artículo 24 contiene la regla lex rei sitae. Esta regla, basada en el principio de territorialidad, usa la ubicación de los bienes como factor de conexión para resolver las situaciones vinculadas con más de un ordenamiento jurídico, cuando estas se refieren a derechos reales.

La solución que esta regla ofrece a ese tipo de situaciones, que ha sido la más usada tradicionalmente, es la que se encuentra en la norma unilateral contenida en el artículo 20 del actual código civil 46, Sin embargo, particularmente en relación con bienes muebles, también se han utilizado otras soluciones, como la aplicación del ordenamiento jurídico del país donde el propietario se encuentre domiciliado (en relación con esto, cfr.

apartado i.3.3, supra). Tómese en cuenta que, al no distinguirse entre bienes muebles e inmuebles, la regla lex rei sitae que se encuentra en el primer párrafo del artículo 24 abarca los bienes de ambas clases, lo que se encuentra expresamente en el artículo 26 del Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional (Ley aprobatoria 33 de 1992).

  • Por su parte, los párrafos segundo y tercero del artículo 24 regulan el conflicto móvil, que atañe al traslado de bienes muebles del territorio de un país al de otro país.
  • La solución que se encuentra en el Proyecto de Reforma es la misma del artículo 30 del Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional, que acaba de ser mencionado.

Dicha solución consiste en el respeto de los derechos adquiridos en el país de origen, a condición de que se cumplan ciertos requisitos establecidos en el país de destino. Como se dijo en el comentario anterior, en relación con el artículo allí comentado (cfr.

apartado ii.2.1, supra), al incorporarse a la legislación nacional lo que ya encontramos en la normativa internacional, esta pasa a ser aplicable a toda situación privada vinculada con más de un ordenamiento jurídico, referida a derechos sobre bienes (incluidos los casos de conflicto móvil), independientemente de que se trate o no de situaciones vinculadas con ordenamientos jurídicos de Estados que formen parte de determinado tratado internacional.

La incorporación del artículo 25 en el Proyecto de Reforma, en sustitución del artículo 19 del Proyecto de 1984, resulta llamativa. El artículo 19 del Proyecto de 1984, al ser leído en concordancia con el artículo que le precede (art.18 del Proyecto de 1984), tiene sentido: se trata de una norma de conflicto de leyes de base territorial, que contempla (indirectamente) la regla lex rei sitae para los bienes inmateriales, al considerarlos situados en el lugar de su registro.

  • Al hacer esto, el artículo 19 del Proyecto de 1984 ordena la aplicación del ordenamiento jurídico del lugar del registro como la solución para resolver el conflicto de leyes en situaciones referidas a derechos de propiedad intelectual «y derechos análogos».
  • Esa es una solución posible 47, aunque distinta del principio lex loci protectionis (según el cual es aplicable el ordenamiento jurídico del lugar donde se reclama la protección), que se ha entendido como universalmente reconocido en esta materia 48,

La norma material del artículo 25 del Proyecto de Reforma, por su parte, tal cual está redactada, no vendría a añadir prácticamente nada frente al principio de territorialidad, que ya fue comentado (véase apartado II.1.1, supra).4. Negocios y hechos jurídicos

Artículo 26. Las condiciones de existencia y validez de los negocios jurídicos se rigen por la ley del lugar en que se perfeccionan. La misma ley se aplica a la existencia y prueba de los demás hechos jurídicos. Artículo 27. La ley del lugar en donde deben cumplirse los negocios jurídicos rige su naturaleza, efectos y todo lo relativo a su ejecución. Salvo que la ley lo prohíba, los contratos se regirán por la ley del lugar al que las partes se hayan sometido expresamente, siempre que tenga alguna conexión con el negocio de que se trate. En su defecto: a. Los efectos de los contratos de beneficencia se rigen por la ley del domicilio del benefactor; b. Se rigen por la ley del lugar de su celebración los efectos de los negocios en los cuales no pueda determinarse el lugar de su cumplimiento. Asimismo, cuando no pueda determinarse el lugar de celebración se regirán, para todos los fines, por el de ejecución. Artículo 28. La reparación de los daños, en razón de hechos ilícitos y demás hechos generadores de responsabilidad extracontractual, se rigen por la ley del lugar donde tales hechos se han realizado, y en caso de duda, por la ley del domicilio del autor del hecho. La misma regla se aplicará al enriquecimiento sin causa. Artículo 707. La compraventa de mercaderías en que una parte tiene establecimiento o lugar principal de actividad en Colombia y la otra en Estado diferente, o el lugar de cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones guarde relación más estrecha con un Estado diferente, o las partes prevean la aplicación de normas de derecho internacional privado, se regirá por normas de contratación internacional.

4.1. Comentario. El primer párrafo del artículo 26 y el primer párrafo del artículo 27 contienen una solución similar a la que se encuentra en los párrafos segundo y tercero del artículo 20 del actual código civil. Ambas regulaciones consideran el ordenamiento jurídico extranjero en cuanto a la existencia y validez (art.26 del Proyecto de Reforma y segundo párrafo del art.20 del actual código civil 49 ) y sujetan los efectos al ordenamiento jurídico del lugar del cumplimiento (art.27 del Proyecto de Reforma y tercer párrafo del art.20 del actual código civil).

  1. Hay, sin embargo, diferencias importantes.
  2. La diferencia más importante es que el artículo 20 del actual código civil contiene una norma de conflicto unilateral 50, mientras que los artículos 26 y 27 del Proyecto de Reforma contienen normas bilaterales, lo que conduce a la posibilidad de aplicación de ordenamientos jurídicos extranjeros, como ya se explicó (cfr.

apartado I.4, supra). Por otra parte, puesto que el artículo 20 del actual código civil se refiere a bienes situados en el territorio nacional, dicho artículo alude a contratos celebrados en el exterior que versen sobre bienes ubicados en el territorio colombiano.

Por su parte, el primer párrafo del artículo 26 y el primer párrafo del artículo 27 del Proyecto de Reforma se refieren a los negocios jurídicos, de forma general. En materia contractual, el Proyecto de Reforma incorpora una novedad relevante, que no se encuentra en el Proyecto de 1984. Esta se refiere a la autonomía de la voluntad de las partes en su dimensión conflictual, es decir, se reconoce a las partes la libertad para escoger el ordenamiento jurídico que regirá al contrato.

Al respecto, la doctrina colombiana ha sido abundante, de manera que basta hacer aquí solo unas breves anotaciones. El segundo párrafo del artículo 27 contempla la libertad de escoger el ordenamiento jurídico que regirá al contrato, siempre que el ordenamiento jurídico es cogido «tenga alguna conexión con el negocio de que se trate».

La aplicación del ordenamiento jurídico con la conexión más estrecha se contempla, en este sentido, como un límite al ejercicio de la autonomía de la voluntad conflictual, de manera similar a como se encuentra dentro del sistema de derecho internacional privado de Estados Unidos, en la sección 187(2)(a) del Restatement (Second) of Conflict of Laws 51,

Esta solución es muy diferente de la que se encuentra en el artículo 9 de la Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales (de la cual no forma parte Colombia) 52, según el cual se ha de aplicar el ordenamiento jurídico con la conexión más estrecha a falta de elección realizada por las partes.

Una flexibilidad tal no se encuentra en el segundo párrafo del artículo 27 del Proyecto de Reforma. Según esta norma, si las partes no han realizado la elección del ordenamiento jurídico que regirá al contrato, establece la aplicación del ordenamiento jurídico (i) del domicilio del benefactor para los efectos de los contratos de beneficencia, y (ii) el del lugar de su celebración para los efectos de los negocios en los cuales no pueda determinarse el lugar de su cumplimiento.

Debido a la rigidez de lo dispuesto en esta parte de la norma, su inclusión no parece acertada. Esto se acerca considerablemente a lo establecido en el artículo 186 del Código de Derecho Internacional Privado (Código Bustamante), que contempla la aplicación de la ley personal de los contratantes y, en su defecto, la del lugar de la celebración.

  • Por otra parte, el segundo párrafo del artículo 27, in fine, establece la aplicación del ordenamiento jurídico del lugar de la ejecución en caso de que no se pueda determinar el lugar de celebración.
  • Es de recordar que la aplicación de la lex loci executionis es la solución que se encuentra actualmente en el código de comercio, en el artículo 869, que es una norma de tipo unilateral.

Si con la reforma del código civil se pretende hacer una unificación en el régimen de obligaciones y contratos con la legislación mercantil, lo anotado anteriormente cobra aún mayor relevancia. En efecto, la regulación propuesta sustituiría la normativa que actualmente encontramos en el código de comercio, en la que ocupa el lugar central la norma unilateral del artículo 869, según el cual los contratos mercantiles que se ejecuten en Colombia están sujetos a la legislación colombiana.

Es de anotar, por otra parte, que nada se dice en el segundo párrafo del artículo 27 del Proyecto de Reforma acerca de la aplicación de la autonomía de la voluntad de las partes para la escogencia del foro. Finalmente, en materia contractual habrá de tenerse en cuenta la norma que el Proyecto de Reforma incorpora en el artículo 707.

De una primera lectura de este artículo se desprendería que se busca incluir dentro de la normativa nacional la regulación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías (Ley 518 de 1999), con lo cual resultaría esta aplicable de manera general, más allá de los países que hacen parte de dicha regulación internacional.

Sin embargo, la redacción no es clara, no siendo posible saber con certeza a qué se alude con la expresión «normas de contratación internacional» que aparece al final del artículo. En cuanto a las situaciones relativas a responsabilidad extracontractual, materia no regulada en la normativa nacional actual en materia de derecho internacional privado, se acoge en el artículo 28 del Proyecto de Reforma el principio lex loci delicti commissi, según el cual este tipo de situaciones se rigen por el ordenamiento jurídico del lugar de la ocurrencia del hecho que da nacimiento a la responsabilidad; en defecto del cual, según el artículo 28, se aplicaría el ordenamiento jurídico del lugar del domicilio de la persona que ha realizado el respectivo hecho.

See also:  Es El Derecho Como Norma O Sistema De Normas?

La solución que ofrece el principio lex loci delicti commissi ha sido tradicionalmente utilizada en esta materia (v.gr., art.168 del Código Bustamante); otra solución es la que ofrece el principio lex loci damni 53, que contempla la aplicación de la ley del lugar donde se produce el daño.5.

Artículo 29. La capacidad de las personas para contraer matrimonio, la forma del acto, la existencia y validez del mismo, se rigen por la ley del lugar en donde se celebra. Sin embargo, no se reconocen los matrimonios celebrados en otro Estado que sean contrarios a las normas de orden público nacional. Artículo 30. Se aplicará la ley del domicilio conyugal en todo lo que respecta a los derechos y deberes resultantes del matrimonio y a las causas de separación de cuerpos y de bienes. Si tuvieren domicilios distintos se aplicará la ley del último domicilio conyugal. Los deberes recíprocos de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente, se sujetan a la ley del país donde se encuentran residenciados. Artículo 31. La nulidad y el divorcio del matrimonio se regirán por la ley del domicilio conyugal. El divorcio decretado en el exterior, respecto de matrimonio celebrado en Colombia, solo producirá efectos cuando se satisfagan los requisitos para la homologación. Artículo 32. Los colombianos y los extranjeros, cuyo matrimonio se celebró en otro país, pero se hubieren domiciliado o residenciado en Colombia, se gobernarán por el régimen de bienes que reglamenta este Código.

5.1. Comentario. Sigue a continuación solo una breve referencia a algunos de los aspectos que se encuentran en esta sección, en particular en cuanto se refiere a la determinación, mediante normas de conflicto de leyes, del ordenamiento jurídico aplicable al tipo de situaciones a la que esta sección se refiere.

El primer párrafo del artículo 29 contempla una solución de base territorial, que también encontramos en el artículo 11 del Tratado de Montevideo sobre Derecho Civil Internacional (Ley aprobatoria 33 de 1992), y que es distinta de la que se encuentra en el artículo 9 del Tratado Bilateral entre Colombia y Ecuador, donde se establece la aplicación de la ley nacional de los contrayentes para decidir sobre la capacidad para contraer matrimonio.

En contraste con esta solución, el artículo 29 tiene como efecto reducir la posibilidad de que se tengan que aplicar ordenamientos jurídicos distintos, si los contrayentes tuvieran diferentes nacionalidades. Los artículos 30 y 31, por su parte, contemplan la aplicación de la ley del domicilio conyugal, siguiendo en este sentido al Tratado de Montevideo sobre Derecho Civil Internacional (arts.12 y 13).

  • Es de resaltar que el artículo 30 añade una solución expresa en caso de que los cónyuges tuvieran domicilios distintos, caso en el cual se acude a la ley del último domicilio común, solución generalmente usada en estos casos.
  • En el artículo 32 observamos que se ofrece una solución cercana aunque más general que la que se encuentra en el artículo 180 del actual código civil, que sujeta el régimen de bienes a lo establecido en esa misma normativa.6.

Sucesiones

Artículo 33. La sucesión de una persona se abre en su último domicilio. En caso de que existan bienes en otros países se preferirá la ley del lugar de la ubicación, si no hubiere acuerdo entre los asignatarios.

6.1. Comentario. En relación con el artículo 1012 del actual código civil, el primer párrafo del artículo 33 del Proyecto de Reforma imprime mayor claridad a la determinación del ordenamiento jurídico aplicable a situaciones relativas a sucesiones. El segundo párrafo del artículo 33 incluye dos cuestiones que vale la pena resaltar.

  • Por un lado, la aplicación de la regla lex rei sitae (que, después de todo, es norma general frente a las normas sobre sucesiones), pero solamente cuando existan bienes en otros países.
  • Esto significaría que tendría que aplicarse el ordenamiento jurídico del lugar de la ubicación, que sería un ordenamiento jurídico extranjero.

Por otro lado, este mismo párrafo ofrece un espacio a la autonomía de las partes, que es una tendencia en la normativa sobre esta materia 54, Nota final La regulación en materia de derecho internacional privado que se encuentra en el Proyecto de Reforma es una regulación incompleta.

¿Qué son las normas de vocación internacional?

Por Sandra Evelia Reyes Márquez El Sistema Conflictual Tradicional es un método se solución de problemas que nos sirve para dirimir controversias que se susciten cuando dos sistemas jurídicos choquen o se puedan ocupar para llegar a una solución, este método se ocupa en el Derecho Internacional Privado. Para poder hablar un poco más sobre este tema es necesario hablar sobre conceptos que son fundamentales; uno es el punto de conexión, que es un elemento que determina si la relación jurídica en conflicto es absolutamente nacional o relativamente internacional.

  • Surge cuando una situación jurídica se relaciona con uno o varios ordenamientos jurídicos extranjeros entre sí; otro punto importante es el conflicto de leyes el cual surge cuando existen puntos de conexión que ligan a una situación jurídica concreta con las normas jurídicas de dos o más estados.
  • Otros conceptos que debemos entender en este caso son las normas las normas materiales que aquellas que resolverán los conflictos de inmediato, sin reenviar a ninguna otra.

Cuando se llegan a dar conflictos entre estados, puede ser que sean solo dos estados que tienen alguna disputa pero hay ocasiones que hay varios estados inmersos en la situación. Para solucionar los conflictos existen 3 tipos de métodos:

  1. Vías de solución Tradicional
  2. Nuevas vías de solución
  3. Sistema Conflictual Tradicional

1.- La solución tradicional se divide en Principios Jurídicos, Teorías jurídicas y en Técnicas jurídicas. Los Principios jurídicos de Derecho Internacional Privado son principios inmutables, permanentes, van a integrar al Derecho, van a interpretarlo y guían al legislador a la creación del Derecho.

Las teorías jurídicas van a determinar el carácter de la naturaleza del Derecho Internacional Privado dentro de un sistema jurídico. Determinaran reglas técnicas para la aplicación de normas nacionales o normas internacionales, estas teorías pueden ser internistas, que impedirían la aplicación del Derecho Extranjero, internacionalistas, que permiten los Tratados Internacionales o Supranacionalistas, en el que existen teorías para la solución de conflictos.

Las Técnicas jurídicas, que es la tercera división de la solución tradicional, designa de manera inmediata la norma que se aplicara al fondo del asunto o controversia. La manera de resolver en las técnicas jurídicas es con:

  • Normas de aplicación inmediata que son normas que por su jerarquía deben aplicarse prioritariamente y excluyen la aplicación de cualquier otra norma, los ejemplos más significativos son la Constitución, los Tratados Internacionales y las leyes Federales.
  • Las normas materias nos ayudaran a resolver directamente el fondo del asunto y esto será derivado del Tráfico Jurídico Internacional que por razones de certeza y seguridad jurídica no permitirá la aplicación de otra norma. Las normas materiales ya previnieron las posibles conexiones.
  • Normas de vocación internacional serán los que regulan los elementos extranjeros, reconocen y aceptan las relaciones con el extranjero, se crean para resolver esas situaciones.

2.- Las nuevas vías de solución fueron creadas para evitar los conflictos que se pudieran dar cuando los sistemas jurídicos chocaran. Estas nuevas vías de solución son tres: Las leyes uniformes que son el resultado de los Tratados Internaciones, en la que su objeto es poner en armonía al Derecho Internacional Privado entre los diferentes sistemas jurídicos de los Estados.

Uniformara al Derecho Privado para resolver los conflictos de leyes con antelación. Las leyes modelo son prototipos de normas, que tiene por objeto establecer un régimen jurídico de determinada institución jurídica. Son adoptadas de manera voluntaria por los Estado, se debe de adoptar el cuerpo completo de la ley, estas son emitidas por foros internacionales.

Y las ultimas pero no menos importante son las Guías jurídicas o Guías normativas que son cuerpos de disposiciones y/o principios sobre un tema determinado y especifico, indica a los legisladores naciones la forma en que se incorpora esas disposiciones normativas en la legislación de su propio estado, estas guías normativas no son obligatorias ya que solo tratan de orientar a los legisladores.3.- Sistema Conflictual Tradicional: Es el conjunto integrado por el método y la técnica indirecta, los cuales mediante el análisis y aplicación de la norma conflictual determinara cual derecho se ha de aplicar para resolver un problema sustantivo. En el SCT se ocupa la norma conflictual que es una norma de colisión. No es la norma que resolverá el conflicto sino la norma que da la ley aplicable (norma material), la norma conflictual tiene que ser regulada por el Sistema jurídico Nacional, debe declarar la validez exclusiva de un sistema jurídico extranjero, tiene una estructura en la que establece un derecho aplicable, Establece un objeto y un punto de conexión y dan lugar a la calificación del juez.

Después de conocer el cómo se integra y los puntos clave de las vías de solución de Controversias, el Sistema Conflictual Tradicional es más fácil de comprender, este método incluye un proceso en el que se da por pasos: Calificación: Es un análisis que realiza el juez de la situación jurídica Internacional para determinar la ley aplicable, en este caso el juez realizara un análisis y relacionara con la norma conflictual.

Para este punto se aplicara los conceptos que se mencionaron anteriormente como lo es la norma conflictual y punto de conexión ya que el juez cuando realiza el análisis de la situación tiene que darse cuenta de la conexión que existe para determinar cuál será la ley que se aplicara para poder resolver la controversia.

  • Remisión: En este paso la solución al problema será dirigida a la norma material o a la norma conflictual extranjera, y si esta resuelve, el conflicto se extingue.
  • Confirmación de la remisión: una vez remitida de una norma conflictual del juez del foro se envía en primer grado a la norma conflictual extranjera, si esta a su vez remite a una norma material de su sistema jurídico se confirma la remisión.

Reenvio: Cuando el derecho aplicable resulta ser el Extranjero pero éste no reconoce su aplicación o reconoce que el Derecho aplicable es el que remitió la aplicación hay dos supuestos: En primer grado: Afirmativo: Ambos quieran aplicar su derecho Negativo: Ninguno quiere aplicar su derecho. Existen varios problemas con respecto al Sistema Conflictual: Orden público: Son aquellas normas o principios generales de un sistema jurídico. La solución a los conflictos por medio del SCT no puede ir en contra del Orden público. Cuestión Previa: Es un problema que se presenta en el desarrollo del litigio pero debe ser resuelto de manera preliminar.

¿Cuáles son las normas de conflicto?

La norma de conflicto es aquella norma de DIPr. que localiza la situación privada internacional en un concreto Estado y cuyo Derecho será el aplicado para resolver esa situación. Esta norma es un claro ejemplo del método de reglamentación indirecto.

¿Qué es aplicación directa e inmediata?

Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3661

Title: El principio de aplicación directa e inmediata de los derechos y garantías constitucionales y obligación del juez de remitir en consulta a la corte constitucional, norma contraria a la constitución
Authors: Cáliz Ramos, Herry Mardoqueo
Keywords: Garantía Constitucional
Issue Date: Apr-2016
Abstract: Es muy evidente la Evolución del Derecho Constitucional Ecuatoriano, que hemos tenido durante nuestra vida Republicana en materia de Derechos Fundamentales, a tal punto que hemos atravesado tres modelos Constitucionales en nuestro país, así por ejemplo podemos mencionar el Estado Clásico de Derecho, el Estado Social de Derecho y en la Actualidad el Estado Constitucional de Derechos, cuya peculiaridad consiste en la aplicación directa e inmediata de las normas constitucionales, avance trascendental que le da la categoría al juez constitucional de ser un garantista de los derechos constitucionales e internacionales con respecto a los derechos humanos. Es por eso que hoy en día debemos cristalizar estos buenos propósitos que están consagrados en nuestra Carta Magna, a través de campañas educativas y de esta manera ir culturalizando a los operadores de justicia, administración pública y ciudadanía ecuatoriana en general, a fin de que se tenga un pleno conocimiento de los derechos constitucionales que han sido reconocidos por el Estado Ecuatoriano. Desde luego, que este proceso de cambio constitucional y garantista que vive el país en la actualidad tiene también pensadores que expresan sus profundas contradicciones respecto al aparecimiento del neo-constitucionalismo. Pero eso, no debe detener el grado de desarrollo que tiene la Constitución como norma suprema misma que sobrepasa los arraigados conceptos y métodos legalistas del positivismo clásico, la renuencia de la clase política, incluso de sectores democráticos, a limitar sus decisiones mediante derechos y procedimientos constitucionales de ahí que la constitucionalizarían, por otra parte, implica gestar una institucionalidad que asegure la eficacia de tales derechos.
Description: El Neoconstitucionalismo es una tendencia jurídica muy importante que se viene gestando desde hace varias décadas en el mundo y desde algunos años en el Ecuador. Se trata de una teoría jurídica que plantea que las Constituciones, normas positivas o leyes de la más alta jerarquía, deben delimitar estrictamente los poderes estatales y proteger con claridad los derechos fundamentales. El Neoconstitucionalismo «eleva» a la categoría de normas o leyes escritas a una serie de derechos considerados como naturales o consustanciales a la dignidad de la condición humana. Las Constituciones que han recibido la influencia de esta forma conceptual de entender su propio rol e importancia, tienen en los contenidos de sus artículos y en su estructura, una presencia importante de principios morales, así como, ciertas características novedosas en el tema de la interpretación y aplicación de la norma constitucional. Así mismo, esta nueva corriente debería pretender perfeccionar al Estado de Derecho, sometiendo todo poder (Ejecutivo, legislativo y Judicial) al Derecho y apelando a la constitucionalidad y no a la legalidad; vale decir, que bajo este nuevo sistema se coloca a la jurisdicción constitucional como garante y última instancia de cualquier materia jurídica a evaluar y decidir vicisitudes de una nueva realidad política, económica y social-global. Estamos, pues, ante el advenimiento y entronización del (aunque no consolidado, ni totalmente desarrollado): «Paradigma del Estado Constitucional».
URI: http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/3661
Appears in Collections: Magister en Derecho Constitucional

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

¿Qué son los principios de aplicación?

Los principios de aplicación de los derechos, son mandatos de aplicación general que le corresponden a todos los derechos fundamentales, no desarrollan el contenido de los derechos sino que perfeccionan el ejercicio de los mismos.

¿Qué es la norma indirecta?

Las normas indirectas o de conflicto son aquellas que no nos dan una solución material al supuesto de hecho planteado en el tipo legal. Tienen una función orientadora a través del punto de conexión, conexión o conexión nominativa.

¿Quién es el padre del derecho internacional privado?

¿ Un poco de historia ? Francisco de Vitoria, padre del derecho internacional Que Son Las Normas De Aplicacion Inmediata 5 abril 2017 El BICE intervino en el marco de una conferencia en la ONU (Ginebra) celebrando Francisco de Vitoria, un teólogo del siglo 16, considerado como uno de los fundadores de los derechos humanos. Vuelta a las raíces cristianas de estos derechos.

¿Cómo se aplican las normas del DIH?

El DIH sólo se aplica en caso de conflicto armado. No cubre las situaciónes de tensiones internas ni de disturbios interiores, como son los actos aislados de violencia. Sólo es aplicable cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes, sin tener en cuenta quien lo inició.

¿Qué es el DIH y cuáles son sus normas?

Resumen – Resumen El artículo está dividido en dos partes. La primera pretende, mediante resumen del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en cinco reglas, agilizar su comprensión y también manifestar que la interpretación de estas normas humanitarias no puede ser desligada de su verdadero sentido y esencia que es la asistencia y protección a una categoría de personas protegidas, como la población civil y los combatientes fuera de combate.

  1. Estas reglas de la guerra, también ponen límites y obligaciones a las partes en conflicto armado al momento de realizar operaciones militares.
  2. Estas reglas del DIH que son de obligatorio cumplimiento para todos los actores de la guerra, son: El trato humano a las personas que no participan o dejaron de participar en las hostilidades; la exigencia de diferenciar entre combatiente y no combatiente y la obligación de diferencia entren objetivos militares y bienes protegidos; la proporcionalidad; la limitación de los métodos y medios de guerra; y la no reciprocidad.

En una segunda parte, miraremos la estructura, finalidad y características de la recién creada Corte Penal Internacional, que en términos generales busca castigar a las personas que hayan cometido crímenes de genocidio, de guerra (infracciones al DIH) y de lesa humanidad.

¿Qué es un supuesto de hecho y ejemplos?

– SUPUESTO DE HECHO (o hipótesis): realidad social que la norma quiere regular, contemplando la previsión hipotética de un futuro acontecimiento de variada naturaleza (puede ser un hecho natural (catástrofe) un acto humano (matar) o situaciones en las que se encuentran las personas (menor de edad)).

¿Qué normas favorecen la resolución no violenta de conflictos?

La resolución pacífica de conflictos se fundamenta pues en: la participación, el diálogo, la escucha, la negociación, la autoestima, el respeto y el entendimiento.

¿Cuál es la norma material?

¿Qué son las normas materiales? Disposiciones sustantivas de derecho interno que por una decisión del legislador han sido dotadas de vocación internacional y que, por lo mismo, resultan aplicables de manera directa para resolver un problema derivado del tráfico internacional.

¿Qué es la eficacia inmediata?

Reseñas bibliográficas Bilbao Ubillos, Juan María, La eficacia de los derechos fundamentales frente a particulares. Análisis de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997, 852 pp. José Juan Anzures Gurría Doctorado en el Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad de Navarra, España.

  • La teoría de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales o Drittwirkung, ha sido, desde que el iuslaboralista y primer presidente del Tribunal Federal de Trabajo de Alemania, H.C.
  • Nipperday, la concibiera en su famoso libro Grundrechte und Privatrecht, un tema de discusión constante en la doctrina del derecho constitucional y que ha interesado a diversos académicos como C.W.

Canaris, J. Schwabe, A. Bleckman, K. Hesse o hasta al actual presidente del Tribunal Constitucional Federal alemán Hans–Jürgen Papier. En la doctrina constitucional española, aunque un poco más tarde, la Drittwirkung también será un tema que llamará la especial atención de distintos juristas, siendo pioneras las obras de Tomás Quadra–Salcedo, El recurso de amparo y los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares, y el libro de Jesús García Torres y Antonio Jiménez–Blanco titulado Derechos fundamentales y relaciones entre particulares: la Drittwirkung en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Pero constituirá un verdadero parteaguas la obra del profesor Juan María Bilbao Ubillos que ahora reseñamos, obra respecto de la cual, alguna vez escuché a otro profesor decir que, con este libro el autor no sólo había abordado el tema de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, sino que lo había agotado.

Y es que la extensa obra de 852 páginas es producto de la implacable investigación que realizara el autor durante cerca de diez años para obtener el grado de doctor en derecho, mismo que obtuvo con la máxima calificación de apto cum lauden y que lo hizo acreedor del Premio Extraordinario de Doctorado de la Facultad de Derecho de Valladolid (curso 1994–1995), así como al Premio «Nicolás Pérez Serrano» para tesis doctorales presentadas durante el curso 1994–1995, convocado y concedido por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, institución que le publicaría tiempo después, el presente libro.

El tema es abordado con un gran rigor académico y mediante un minucioso y detallado análisis de la jurisprudencia constitucional, por lo que aunado a la ágil pluma del autor, no es de extrañar que la obra se haya convertido en referencia obligada en materia de Drittwirkung y, por ello, citada con regularidad en diversos trabajos, como en el breve pero conciso libro de María Venegas Grau que estudia el caso particular de la autonomía de la voluntad y la eficacia horizontal de los derechos, o en la reciente tesis doctoral de Rafael Sarazá Jimena que aborda la problemática de la horizontalidad y la tarea jurisdiccional, así como en el libro de Rafael Naranjo de la Cruz, titulado Los límites de los derechos fundamentales en las relaciones entre particulares; la buena fe; en el que dedica una buena parte al estudio de este tema.

Rebasando fronteras, la obra del profesor Bilbao Ubillos puede encontrarse citada también en distintas obras de Latinoamérica, como en la de Alexei Julio Estrada, que estudia en clave comparada entre España y su natal Colombia esta cuestión de los derechos.

El libro que ahora nos ocupa se divide en dos partes, en la primera se estudia la problemática procesal de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales y en la segunda, la cuestión sustantiva; esta última se divide a su vez en dos capítulos, en el primero se aborda la discusión doctrinal y en el segundo la jurisprudencia constitucional a través de la cual se ha recibido esta teoría en el sistema jurídico español.

Hubiera sido pertinente quizá, ubicar este análisis jurisprudencial en una tercera parte independiente y diferenciada de la segunda, pues constituye el grueso del trabajo y goza per se, desde nuestro entendimiento, de plena autonomía. Todas la páginas cuentan con detalladas y minuciosas notas al pie, en las que el autor cita con exactitud las fuentes consultadas, narra los hechos de las sentencias o profundiza en algunos aspectos, y prescinde curiosamente al final de la obra, de una lista bibliográfica, cosa que se echa en falta.

  • En la primera parte del libro se aborda la garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales, dando por supuesta su eficacia horizontal.
  • Lo que parece preocuparle al autor es la cuestión procesal, pues para él un derecho subjetivo lo es en la medida de sus garantías, lo que explica pues, que inicie su obra con una aproximación a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales en el sistema jurídico español y luego explique la forma en que ésta se dispensa en las relaciones particulares.

En términos generales, la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales en España se dispensa en dos niveles, en el primero a través de los jueces y tribunales ordinarios dependiendo de la materia que se trate, y en el segundo, mediante el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que aunque se ha concebido como el medio idóneo a través del cual se protegen los derechos fundamentales, no es, aclara nuestro autor, el único ni el más importante instrumento de protección de los derechos fundamentales, sino un remedio de carácter accesorio que complementa circunstancialmente la red de protección de los derechos.

Pero ocurre que el amparo se ve limitado por una cuestión técnico–procesal según lo dispone el artículo 41.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que impide su procedencia contra actos que no provengan de poderes públicos, excluyendo así que las violaciones a los derechos fundamentales cometidas por particulares tengan acceso a la jurisdicción constitucional.

Al entender de Bilbao Ubillos, el amparo debería cubrir, no obstante, también las lesiones cometidas por los particulares y no únicamente las provenientes de la autoridad del Estado, pues los derechos fundamentales no son sólo normas constitucionales que establecen derechos públicos subjetivos, sino además rasgos esenciales del sistema democrático, de modo que la protección efectiva del derecho fundamental y de su actuación concreta trasciende del significado individual para adquirir una dimensión objetiva, de tal forma que la interpretación que haga el Tribunal Constitucional respecto de un derecho al estimar una demanda de amparo, no sólo constituye la protección directa del derecho que en concreto se invoca, sino que, por extensión, está actuando como guardián que hace respetar la norma constitucional correspondiente.

Así, el amparo se constituye en una garantía objetiva del modelo democrático. Ahora bien, no debe concluirse erróneamente que por no proceder el amparo contra las violaciones a los derechos fundamentales provenientes de particulares, éstos no surtan efectos frente a terceros. Una cosa es la cuestión sustantiva y otra la procesal.

El Tribunal Constitucional español ha sido consciente de ello, y tratando de velar de alguna forma por los derechos fundamentales en las relaciones particulares, ha recurrido a la teoría de la asunción judicial, la cual presupone la obligación por parte de los jueces y tribunales ordinarios como órganos del Poder Público, de velar por la protección efectiva de los derechos (aun en las relaciones privadas), de tal forma que, al no dispensar el juzgador la protección esperada a un derecho fundamental en una relación jurídica concreta, se le atribuye la violación de este derecho al Poder Judicial.

  • En palabras de Bilbao Ubillos, la asunción judicial es «una construcción artificiosa que consiste en una interpretación en virtud de la cual la resolución judicial que se limita a confirmar la validez de un acto lesivo de un derecho fundamental pasa a ser considerada.
  • El origen inmediato y directo de la supuesta violación» (p.224).
See also:  Porque Es Necesario Que Existan Normas Y Acuerdos En La Vida Escolar?

De esta forma, queda resuelta la problemática de la garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales en las relaciones particulares. En la segunda parte del libro, el ahora catedrático de la Universidad de Valladolid, entra en el problema sustantivo, en el debate doctrinal que ha ocupado a los teóricos de los derechos fundamentales durante los últimos 60 años.

En primer lugar, aborda la concepción clásica de los derechos como derechos públicos subjetivos que, como es sabido, son pretensiones jurídicas del individuo frente al Estado, en tanto éste es el único detentador del poder. Esta concepción, no obstante, es propia de un Estado liberal y no de un Estado social de derecho como lo es actualmente España.

Hoy en día, ya no se puede sostener que el único detentador del poder sea el Estado, porque existen de facto poderes privados que constituyen una amenaza para el disfrute efectivo de los derechos fundamentales no menos inquietante que la que representa el poder público, y aunque originariamente los derechos fundamentales hayan sido concebido como límites al poder estatal, no se puede descartar la ampliación del círculo de destinatarios ni la violación de los mismos por particulares.

Además, el Estado actual, social y democrático de derecho, ya no tiene sólo la función de no intervenir en las relaciones privadas garantizando así el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas, sino que, por el contrario, asume un papel de promotor de los derechos y libertades que propugna para que no se conviertan en meras fórmulas predicadas en el vacío.

Así pues, la eficacia entre particulares de los derechos fundamentales va de la mano con este modelo de organización política. Ahora bien, que los derechos fundamentales despliegan sus efectos en las relaciones privadas es una cuestión en la que la doctrina suele estar de acuerdo; la discusión suele centrarse más bien en determinar la forma en que se desplegarán esos efectos, si de manera mediata (teoría de la mittelware Drittwirkung) o inmediata (teoría de la unmittelware Drittwirkung).

La teoría de la eficacia horizontal mediata consiste en condicionar la operatividad de los derechos en las relaciones privadas a la mediación de un órgano del Estado que, como tal, se encuentra vinculado directamente por estos derechos. Partiendo de que los derechos fundamentales imponen al Estado la obligación de configurar la situación jurídica de los terceros de acuerdo con éstos, los poderes públicos no sólo están obligados a respetar estos derechos de rango constitucional, sino también a hacerlos respetar por todos, y el órgano del Estado al que le corresponde concretar este alcance de los derechos fundamentales en las relaciones horizontales mediante la regulación de su contenido y las condiciones de su ejercicio, es al legislador.

Ahora bien, las leyes no pueden regular todas las relaciones inter privatos y determinar el alcance de cada derecho fundamental en cada relación jurídica concreta, por lo que en caso de laguna legislativa, corresponderá al juez determinar dicho alcance, tarea que llevará a cabo concibiendo a los derechos fundamentales como principios supremos del ordenamiento jurídico, ampliando su área original de incidencia en su dimensión de valores.

  1. La teoría de la eficacia horizontal mediata es fuertemente criticada por nuestro autor, que la cataloga de «ilusoria» y dice que se trata en realidad de una negación de la Drittwirkung (p.318).
  2. Como ya se apuntó arriba, considera que las leyes no contemplan nunca (no pueden hacerlo) todas las situaciones ni todos los conflictos posibles (p.295); y cuestiona porqué si un derecho fundamental se puede hacer valer frente al Estado sin intervención legislativa, ésta resulta necesaria cuando se quiere hacer valer frente a terceros (p.296).

La intervención del legislador para que los derechos fundamentales surtan sus efectos en las relaciones privadas no es un trámite indispensable, como no lo es en el campo de la relaciones individuo–Estado, sentencia Bilbao Ubillos, y añade más adelante, que si el ejercicio de un derecho fundamental dependiera del legislador se trataría entonces de un derecho legal y ya no de un derecho fundamental (p.297).

Respecto a la intervención del juez, nuestro autor no encuentra diferencia alguna entre concebir a los derechos fundamentales como valores objetivos del ordenamiento jurídico para dirimir un conflicto particular concreto y el principio general de interpretación de todas las normas conforme a la Constitución (p.313).

Para él, la mittelbare Drittwirkung con intervención del juzgador equivale a convertir los derechos públicos subjetivos en valores objetivos para que el juez pueda ponderarlos (p.316). Por el contrario, Bilbao Ubillos es partidario de la eficacia directa de los derechos fundamentales, con todas las matizaciones, modulaciones y cautelas que sean necesarias, como él mismo aclara (p.33) pero al fin y al cabo directa.

  1. Para él, los derechos despliegan sus efectos en las relaciones privadas sin mediaciones concretizadoras, sin intervención del legislador o del juez, en tanto son derechos subjetivos reforzados por la garantía constitucional, frente a las violaciones procedentes de sujetos privados.
  2. La doctrina de la eficacia inmediata implica pues, que con normativa legal de desarrollo o sin ella, se aplique en una determinada decisión como razón primaria y justificadora (aunque no necesariamente la única), la norma constitucional, como norma de comportamiento apta para incidir también en el contenido de las relaciones entre particulares y no como regla hermenéutica (p.327).

Bilbao Ubillos no niega la idoneidad de que una ley configure el alcance de un derecho en una relación jurídica privada, pero no considera que a falta de legislación expresa, ese derecho concreto no surta sus efectos frente a particulares, ni que por ello, si el juez llega a conocer del caso, deba interpretar el derecho como un valor del ordenamiento jurídico y no como un verdadero derecho subjetivo.

La eficacia horizontal inmediata de los derechos fundamentales encuentra sustento en los artículos 1.1, 9.2 y 10.1 de la Constitución Española, sobre todo en el artículo 9.1, que reconoce expresamente la sujeción de los ciudadanos a la norma fundamental. Aunque obviamente, esta sujeción será distinta a la que constriñe a los poderes públicos, mientras los particulares tienen un deber general negativo de abstención, el Estado tiene además un deber general positivo de realizar sus funciones de acuerdo con la Constitución.

Debe advertirse además, que la eficacia horizontal directa no puede predicarse de manera uniforme respecto de todos los derechos fundamentales. Hay derechos que son principalmente oponibles frente a terceros, como los laborales, y otros que son únicamente oponibles frente al Estado, como los de participación política y acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, el derecho al juez ordinario y predeterminado por ley, el derecho de petición, la objeción de conciencia al servicio militar, las garantías del detenido o las garantías expropiatorias, y hay otros derechos respecto de los cuales la cuestión sigue abierta y que pueden conjugar ambas dimensiones y ser omnidireccionales.

De cualquier forma, insiste el autor, el verdadero problema no consiste en que la aplicación de los derechos fundamentales se haga de manera mediata o inmediata, sino más bien en coordinar y armonizar esa vigencia con la autonomía de la voluntad, columna vertebral del derecho privado. Se trata de una colisión entre la autonomía de la voluntad y los derechos fundamentales en juego, cuestión que habrá de resolverse mediante una cuidadosa labor de ponderación (que no tiene por qué solucionarse necesariamente a favor de la autonomía de las partes, como sostienen los iusprivatistas).

Esta ponderación judicial adecuando la eficacia de los derechos a las circunstancias del caso, es por lo demás un rasgo común de las dos modalidades de eficacia horizontal, mediata e inmediata, quien decidirá siempre en último término será el juez, que es, en palabras de Bilbao Ubillos, el señor de los derechos fundamentales.

En el segundo capítulo de la segunda parte del libro, que como ya decíamos constituye el grueso de la obra, se analiza la jurisprudencia constitucional que acoge la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, respecto de la cual, el máximo tribunal parece decantarse por la teoría mediata, aunque en ocasiones se ha mostrado algo vacilante.

En primer lugar, el autor estudia las sentencias a través de las cuales se ha recibido de manera genérica en el sistema jurídico español esta doctrina, echando mano principalmente de sentencias en materia laboral, pues este ámbito constituye el más típico y claro ejemplo de horizontalildad de derechos, ya que cuando una persona preste sus servicios en una empresa y se encuentra bajo la dependencia de sus titulares, no quiere decir que deba soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas a sus derechos fundamentales, que tienen un valor central y nuclear en el sistema jurídico constitucional (p.390).

Los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a toda persona, le acompañan en todas las facetas de su vida de relación, también en el seno de la relación laboral y de las organizaciones productivas, como en cualquier otro ámbito de su vida privada. Hecho el repaso jurisprudencial y probado el acogimiento de la Drittwirkung, el autor procede a analizar las resoluciones concretas a través de las cuales el máximo tribunal ha dotado de eficacia horizontal a cada derecho fundamental.

Así pues, analiza el principio de igualdad, la libertad de expresión, las garantías del derecho sancionador, la libertad ideológica y religiosa, los derechos al honor y la intimidad, y de manera más general en el último apartado, como en un cajón de sastre, el derecho a la vida y la integridad física y moral, el derecho a la libertad y la seguridad personal, a la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las telecomunicaciones, el derecho de reunión, los derechos de participación política, la libertad de residencia y el derecho a la educación.

El principio de igualdad y el derecho a la no discriminación es el primer derecho respecto del cual el autor estudia su eficacia horizontal. Si bien es un principio que parece dirigirse a los poderes públicos, particularmente al legislador, el numeral 14 de la Constitución española no da pie a la exclusión de las prácticas discriminatorias de individuos y entidades privadas de su ámbito de aplicación, el precepto no distingue entre conductas públicas y privadas, condena todo tipo de discriminación, cualquiera que sea el sujeto activo y en cualquier contexto.

La lucha contra la discriminación no puede detenerse en el frente legislativo, dice Bilbao Ubillos, pues de poco sirve acabar con la discriminación ante la ley o con la imputable en general a los poderes públicos, si no se consigue erradicar las diversas formas de segregación social, ni se ataca la raíz del problema, que es el prejuicio social (p.399).

Predicar la igualdad en las relaciones inter privatos debe hacerse con matices, pues en la mayoría de los casos el particular no tiene la obligación de tratar de manera igualitaria a todo aquel con el que tiene alguna relación jurídica, sobre todo si estas relaciones son realmente paritarias, o sea entre iguales.

Toda persona tiene derecho a discriminar, a diferenciar, en el sentido más amplio de la palabra, a seleccionar con quién se relaciona, con quién contrata y con quién no. La discriminación que no debe ser tolerada es la que resulta contraria a la dignidad de la persona, aquella que se funda en un prejuicio negativo producto de una situación histórico social en virtud de la cual los miembros de un grupo son tratados como seres no ya diferentes sino inferiores, distinción que resulta más que irrazonable, odiosa, como lo son la discriminaciones por razón de raza o sexo, especialmente prohibidas por el artículo 14 de la Constitución Española.

Bilbao Ubillos señala entonces tres criterios para valorar si la conducta discriminatoria (en sentido estricto) es o no tolerable; en primer lugar, la repercusión social de la discriminación, esto es, la existencia de un patrón de conducta generalizado o bastante extendido, de un punto de vista sociológico; segundo, la posición dominante o monopolística de la entidad discriminadora; y tercero, la posible afectación del núcleo esencial de la dignidad o integridad moral de la persona discriminada (pp.402 y 403).

Fuera de estos casos, la protección de la intimidad y de la libertad individual obligan a aceptar que los particulares pueden ser arbitrarios (y discriminatorios) en la selección de sus cocontratantes y en la regulación de sus relaciones con ellos e igualmente, que no tengan por qué justificar sus decisiones.

La tarea del Estado en este ámbito consiste no sólo en no discriminar, sino también en adoptar las medidas adecuadas para evitar que otros discriminen, de tal forma que frente a las conductas discriminatorias ilícitas provenientes de particulares, los jueces y tribunales deben examinar el caso en clave constitucional, resolviendo el conflicto entre el principio de no discriminación y la exigencia de respeto a la autonomía privada (p.402).

La libertad de expresión es otro de los derechos el autor analiza en clave horizontal, y es uno de los que por su propia naturaleza se ostenta principalmente frente a terceros, observando siempre determinadas pautas de comportamiento que se resumen en la exigencia de buena fe del artículo 7o.

Del Código Civil. Los límites del derecho a la libertad de expresión han de fijarse en cada caso por los órganos judiciales con la debida ponderación de los respectivos derechos afectados, pero deberá ponerse especial atención en el grado de publicidad de las opiniones o informaciones expresadas. El contenido de este derecho comprende no sólo su ejercicio, sin censura ni cortapisas, sino también la garantía de indemnidad, es decir, que de la proyección externa de sus juicios, ideas u opiniones no puedan seguirse consecuencias lesivas en el ámbito de sus relaciones públicas o privadas.

En el ámbito de la vida social de la persona, la libertad de expresión debe poder ejercerse también, por ejemplo dentro de la empresa donde una persona trabaje o en el seno de una asociación a la que se pertenezca. Así como un trabajador no pierde sus derechos fundamentales por ingresar en una empresa, el miembro de una asociación tampoco pierde por esta razón, de formar parte de un grupo, su derecho fundamental a la libertad de expresión (ni ningún otro).

El deber de obediencia que tiene un trabajador, así como la obligación de un socio de asumir los acuerdos válidamente adoptados por el ente del que es parte, no puede vaciar de contenido la libertad de crítica. Aunque, por otro lado, no puede negársele a la empresa o a la asociación la posibilidad de reaccionar con medidas disciplinarias cuando las manifestaciones de crítica o disidencia dañen gravemente la imagen del ente frente la opinión pública.

La complejidad resulta en encontrar el punto de equilibrio entre el derecho a expresar las propias opiniones, aunque sean críticas, y el deber de acatar disciplinariamente las decisiones aprobadas por el ente. Otra manifestación de la libertad de expresión que suele tener un marcado carácter horizontal es el de la libertad de cátedra, cuyo ejercicio suele colisionar con la libertad de enseñanza de los centros educativos que poseen un determinado ideal.

En principio, un profesor no puede ser despedido del centro en el que labora por no comulgar con su ideario, si no ha exteriorizado o puesto de manifiesto su aversión en alguna de las actividades educativas del centro. Deberá demostrarse pues, la existencia de fricciones contra los criterios del centro o probar que la actividad profesional se ha desarrollado de forma contraria o no ajustada a su ideario.

Este problema deberá resolverse, una vez más, ponderando las circunstancias del caso concreto. Las garantías del derecho sancionador consagradas en los artículos 24 y 25 de la Constitución Española suelen ser derechos fundamentales respecto de los que resulta especialmente complicado predicar su eficacia horizontal, pues por su naturaleza, y como se dijo antes son derechos principalmente oponibles frente al poder público.

  • El profesor Bilbao Ubillos, no obstante, fundamenta de manera excepcional que estos derechos también pueden ser oponibles en las relaciones particulares.
  • Para él, estas garantías constituyen no sólo un conjunto de reglas jurídicas, con un contenido preciso, sino que consagran al mismo tiempo una serie de valores básicos que pueden operar como principios generales de todo derecho sancionador en un Estado de derecho.

Son principios esenciales que, además de servir como criterio interpretativo de la normativa infra constitucional, pueden aplicarse directamente en defecto de previsión normativa o desplazando incluso a aquellas disposiciones que desconozcan abiertamente el núcleo esencial de estas garantías (p.588).

Si bien podría apreciarse que estos derechos operan únicamente en la esfera de la justicia penal, no significa que no puedan desplegar algún tipo de eficacia, aunque menos intensa, en el marco de otros procedimientos sancionadores, como en el ámbito de la disciplina laboral por ejemplo, donde el carácter punitivo de las sanciones disciplinarias laborales y sus posibles consecuencias, motivan tanto la intervención del legislador —sustrayendo a la libre determinación del empresario la fijación de las infracciones y sanciones—, como el ulterior control judicial del correcto ejercicio del poder disciplinario, —que se halla sometido a límites semejantes a los que, por preceptuarlos así, la Constitución Española ha de respetar la potestad punitiva del Estado—, aunque se hallen recogidos en normas de rango legal.

La aplicación de estas garantías estaría unida entonces a la idea de sanción, al hecho mismo de castigar, y no a la naturaleza pública o privada del sujeto que sanciona (p.592). De las garantías contenidas en los artículos 24 y 25 de la Constitución Española ha de destacarse la prohibición de indefensión que en el plano laboral, durante el procedimiento sancionatorio interno, el empresario deberá reconocerle al trabajador con todos los medios posibles, como ocurre en el ámbito del derecho administrativo sancionador en el que las medidas disciplinarias están rodeadas de determinadas garantías, pensadas (en principio) para los procedimientos penales.

  1. Pero no debe confundirse el procedimiento sancionatorio interno con el proceso judicial de control de la sanción ya impuesta.
  2. No se pueden mezclar como si fuesen dos fases de un mismo proceso.
  3. Las sanciones impuestas en un régimen disciplinario privado están sometidas a un control posterior y el órgano judicial que conoce del oportuno recurso puede corregir las posibles irregularidades y subsanar así las violaciones de derechos fundamentales que se hayan producido (p.617).

La verdadera cuestión es, por tanto, la de si antes de la imposición de la sanción, en el curso del procedimiento disciplinario que se desarrolla dentro de la empresa y con independencia de las garantías reconocidas al afectado o un eventual proceso judicial de revisión, el empleador está o no obligado por imperativo constitucional, a respetar los derechos fundamentales de defensa del trabajador (p.468).

  • Mucho más compleja resulta la ampliación del radio del derecho a la presunción de inocencia al ámbito de las sanciones impuestas por quienes ejercen un poder disciplinario privado.
  • De aceptarse esta extensión, una persona acusada de una infracción disciplinaria podría sólo ser sancionada si se demostrara claramente su culpabilidad, lo que exige una mínima actividad probatoria que pueda entenderse de cargo (p.628).

La posible aplicación de la presunción de inocencia en el ámbito disciplinario es una cuestión que se ha plantado también, aunque en menor medida, a raíz de la impugnación ante la jurisdicción civil de sanciones impuestas a socios o afiliados de asociaciones privadas.

La libertad ideológica y religiosa es, por su parte, otro derecho subjetivo válido y eficaz en las relaciones privadas, y constituye una cuestión particularmente delicada cuando colisionan la libertad de los fieles con el principio de autonomía de las organizaciones religiosas y el sistema de libertades civiles garantizadas por el Estado.

Al concluir su obra, el catedrático de la Universidad de Valladolid denota su personalidad sencilla y afable, redactando un epílogo en el que reconoce la complejidad del tema, catalogándolo de hecho, como «un problema de enorme magnitud, de gran calado y como uno de los puntos más oscuros de la dogmática de los derechos fundamentales» (p.851).

¿Cuántos métodos de interpretación de las normas jurídicas existen?

– Diversos métodos inter- pretativos: 2.1 interpretación gramatical; 2.2 interpretación sistemática; 2.3 interpretación histórica; 2.4 interpretación genética; 2.5 interpretación teleológica; 2.6 interpretación acorde al uso alternativo del derecho; 2.7 interpretación analógica o extensiva; 3. – Conclusiones.

¿Qué son los principios y las normas?

Como ya se dijo, las reglas, como consecuencia, son normas que siempre pueden cumplirse o no. Por el contrario, los principios son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, de acuerdo con las posibilidades fácticas y jurídicas. Por ello, los principios son mandatos de optimización.

¿Qué son los principios y normas?

Las normas son aplicables en términos de todo o nada: se aplican o no se aplican. Son válidas o inválidas. Los principios dan razones para decidir en un sentido determinado. A diferencia de las normas, el enunciado de un principio no determina las condiciones de su aplicación.

¿Qué es la aplicación de la norma jurídica?

La aplicación oficial de las normas jurídicas resulta ser obligatoria siempre y cuando, pasados los términos que la ley establece, pueda resultar definitiva e inmodificable cuando las partes no hayan hecho uso de los recursos legales previstos en los términos señalados.

¿Qué es la aplicación de la norma más favorable?

La norma más favorable: significa que cuando una misma situación se le puede aplicar varias normas, debe elegirse la aplicación de la que es la más favorable para los trabajadores. La condición más beneficiosa: significa que una Ley no puede modificar ‘empeorando’ las situaciones laborales.

¿Cómo se aplica la norma procesal en el tiempo?

Resumen – Desde la posición adoptada por nuestro ordenamiento jurídico procesal sobre la aplicación inmediata de la norma, incluso al proceso en trámite, señala que esta entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, por lo que los actos que se susciten a partir de su vigencia quedan bajo su marco de aplicación.