Conjunto De Normas Que Determinan Los Delitos?

El Derecho Penal se ubica dentro del Derecho Público toda vez que el Estado interviene activamente en la solución de conflictos buscando preservar el orden y la paz públicos. El Derecho Penal es el conjunto de normas jurídicas por medio de las cuales el Estado define las conductas u omisiones que constituyen delitos, así como las penas y/o medidas de seguridad para sancionar a quienes incurren en la comisión de esos delitos.

¿Cómo se llama al conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian el crimen como hecho a la pena como legítima consecuencia?

5: ‘ Derecho penal es el conjunto de las reglas jurídicas establecidas por el Estado, que asocian el crimen, como hecho, a la pena, como legitima consecuencia’ rué la que sirvió de base a las formuladas posteriormente.

¿Qué es un elemento normativo del delito?

Crimina. Departamento Derecho Penal. Facultad de Derecho. Elementos descriptivos y normativos de los tipos En la descripción de una conducta en la Ley, esto es en el tipo, se emplean elementos de lenguaje. Éstos pueden ser descriptivos o normativos. Entendemos por elemento descriptivo aquel término legal cuyo contenido viene determinado por el sentido que el uso del lenguaje da a la expresión.

Se trata de realidades naturalísticas, perceptibles por los sentidos, a los que el lenguaje se refiere con expresiones comunes. Se trata de realidades perceptibles por los sentidos, a los que el lenguaje se refiere con expresiones comunes. Mezger los define como «determinados estados y procesos corporales y anímicos que deben ser comprobados caso por caso por el juez cognoscitivamente».

Por elemento normativo entendemos aquel término legal que exige una valoración, una decisión sobre su contenido. Siguiendo a Mezger, cabe decir que «los elementos normativos se refieren a aquellos datos que no pueden ser representados e imaginados sin presuponer lógicamente una norma.

  1. Se trata de presupuestos del injusto típico que sólo pueden ser determinados mediante una especial valoración de la situación del hecho».
  2. En el delito de asesinato (art.139) pueden considerarse elementos descriptivos la producción de la muerte (matar) y el sujeto pasivo (a otro); pero la alevosía que el tipo exige es un concepto que depende de lo que el ordenamiento entienda por tal (art.21.1ª), y de la valoración que el juez haga de los hechos presentados.

Estos elementos, los normativos, derivan de valoraciones jurídicas (la alevosía, por ejemplo), pero también sociales (lo que se entienda por «grave», por ejemplo, cuando algunos tipos lo exigen). En realidad, aunque esta dicotomía entre elementos descriptivos y normativos sea habitual, es menos nítida de lo que se ha dicho en el texto.

¿Cuáles son las normas penales?

La Norma jurídico-penal: estructura, elementos y funciones La norma jurídico-penal es una norma jurídica, que se encarga de orientar los comportamientos humanos, siendo ésta por tanto, su principal función, comportamientos que prohíben o en ocasiones ordenan, porque en las mismas se recoge el establecimiento de una sanción para aquellos casos en que se realicen estas conductas estando prohibidas.

  • El Derecho penal definido como el conjunto de normas jurídicas mediante las que el estado prohíbe, amenazando con sanción, la realización de determinados comportamientos, entra dentro de lo que es el concepto de Derecho penal objetivo.
  • Por tanto, la norma jurídico-penal tiene como norma jurídica que es carácter de obligatoriedad.

La norma jurídico-penal también conocida como la ley penal, es la fuente principal del Derecho penal y es una norma jurídica de carácter general aprobada por los órganos públicos que tienen poder legislativo. Es importante establecer que no todo enunciado legal implica que sea una norma jurídica completa, y por otro lado, un enunciado legal puede servir de base a muchas normas.

  • Normas primarias : norma dirigida al ciudadano que le prohíbe o le obliga llevar a cabo algún acto susceptible se convertirse en delictivo.
  • Normas secundarias : norma en este caso que se dirige al juez, que le compromete a imponer una pena en caso de que se cometa un delito.
  • En relación a lo que sería la estructura de la ley penal:
  • 1- comenzaremos haciendo referencia a lo que se conoce como la estructura lógica o formal de la norma,
  • Teniendo en cuenta esta estructura formal, hay que decir que la norma jurídica es una proposición que está formada por dos elementos:

a. El supuesto de hecho.b. La consecuencia jurídica,

  1. La norma es una proposición de deber ser, hipotética, cuyo presupuesto con frecuencia es condicional e incierto, aunque también puede referirse, y en ocasiones así sucede, a alguna cosa que ya sucedió.
  2. Por ser una proposición de deber ser, la estructura de la norma es la siguiente: si es A, entonces debe ser B (si se da A, la consecuencia va a ser B).
  3. Respecto a las normas jurídico-penales hay que decir, que pese a la variedad de supuestos de hecho que pueden existir, los mismos van a poder reducirse al delito, y por su lado, las consecuencias jurídicas de la norma, se pueden reducir a las distintas sanciones que se posibilitan en el derecho penal: penas, medidas de seguridad y otras consecuencias accesorias.
  4. Además, siguiendo con la estructura de la norma jurídico-penal podemos diferenciar según la misma entre:

a. Las normas que por su estructura se consideran completas, son aquellas en las que se describe tanto el supuesto de hecho como la consecuencia jurídica, es decir aquellas en las que se describe tanto el delito como la sanción correspondiente al mismo.b.

Las denominadas normas incompletas estructuralmente son aquellas que o bien contienen solamente el supuesto de hecho, es decir, el delito; o bien contienen únicamente la consecuencia jurídica, es decir, la respectiva sanción, por lo que será necesario ponerlas en relación con otras normas que las completen (porque contengan el sujeto de hecho o la consecuencia jurídica que precisan).

Sin embargo, también van a ser denominadas como normas jurídico-penales incompletas aquellas que se encargan de complementar, de limitar o bien de aclarar un determinado supuesto de hecho o una determinada consecuencia jurídica que otra norma jurídica diferente necesita.

  • En relación con la estructura cabe hacer referencia también al caso de las leyes penales en blanco con las que hacemos referencia a aquel tipo de normas en las que el supuesto de hecho por completo, o bien una parte del mismo, está regulado por otra norma extrapenal.
  • 2- Si nos referimos a la denominada estructura dinámica, frente al estudio anterior considerado como el análisis de la estructura estática, hay que hacer referencia en que la misma se fija en como la norma relaciona a los distintos sujetos, por ellos se denomina también como estructura comunicativa,
  • Funciones:
  1. Función valorativa : la norma penal va encaminada a la protección de una serie de bienes y califica ya se positiva o negativamente unos hechos.
  2. Función de determinación : la norma penal establece un mandato, prohibición o autorización dirigida a los ciudadanos.

Elementos: Los elementos de la norma jurídica penal son:

  1. El mandato jurídico: establece un modelo de conducta y que se dirige a implementar un ideal de justicia.
  2. El efecto jurídico normal como respuesta al ejercicio de las facultades reconocidas por la norma y el cumplimiento de los deberes.
  3. La sanción, consecuencia derivada el incumplimiento de la norma.

: La Norma jurídico-penal: estructura, elementos y funciones

¿Cómo se clasifican de los delitos?

¿Cómo se clasifican los delitos por su gravedad? – Como veíamos anteriormente, tal y como reconoce el artículo 13 del Código Penal, los delitos pueden clasificarse en graves, menos graves y delitos leves, según lleven aparejada una pena grave, menos grave o leve respectivamente. No obstante, ese mismo artículo dice que cuando la pena en abstracto por su extensión pueda incluirse:

Entre grave y menos grave : se considerará en todo caso como delito grave Entre leve y menos grave : se considerará en todo caso como delito leve.

Además conviene destacar que con la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, lo que antes se conocía como falta desaparece, quedando muchas de estas faltas destipificadas y convirtiéndose otras en lo que hoy se denomina delito leve. Por ello, conviene aclarar que entiende el artículo 33 del Código Penal por pena grave, menos grave y leve:

¿Qué es la teoría del delito?

Es una parte de la ciencia del derecho penal que se encarga de analizar cuales son los elementos o características que deben de concurrir en una conducta para que esta sea considera como delito, o en su caso cuales son los elementos para que esta conducta se le niegue la calidad de delito.

La teoría del delito determina cuando una conducta es verdaderamente delictiva. De ahí surge la enorme importancia de que los operadores del sistema de justicia penal, abogados deben tener conciencia sobre la necesidad de consolidar los conocimientos como son: la definición del delito, sus presupuestos, su aspecto positivos (conducta o hecho, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad) y aspecto negativo (ausencia de conducta, atipicidad, causas de justificación, inculpabilidad y excusas absolutorias), su clasificación, tentativa, la autoría y participación.

Indudablemente la teoría del delito dentro del derecho penal representa uno de los instrumentos más importantes para establecer la responsabilidad penal de un individuo procesado, indiciado por la supuesta comisión de un hecho delictivo. Y es necesario y de gran importancia analizar y establecer si se ha dado la afectación a un bien jurídico protegido y considerado fundamental.

Toda acción para constituir un delito debe ser una conducta típica, antijurídica y culpable. Es por ello que el análisis de lo que presuntamente constituye un ilícito se debe de hacer la revisión de esos tres estadios de manera seria y cuidadosa. Ya que el delito es un fenómeno social que se estudia a través de una ciencia.

La teoría del delito tiene como objeto analizar y estudiar los presupuestos jurídicos de la punibilidad de un comportamiento humano ya sea a través de una acción o de una omisión, del cual se deriva la posibilidad de aplicar una consecuencia jurídico penal.

Para el jurista español Luis Jiménez de Asúa, la dogmática jurídico penal consiste en la reconstrucción del derecho vigente con base científica, de donde se desprende la posibilidad de construir la dogmática penal en la base del derecho vigente, circunstancia que obliga a supeditar precisamente el contenido de una ciencia en torno a la voluntad manifiesta del legislador.

La denominación del ius puniendi es la facultad del Estado para prohibir las conductas consideradas como delitos e imponer las sanciones penales a quienes las realizan y el fundamento legal se encuentra previsto en la Constitución Federal en el artículo 73 fracción XXI que faculta al congreso para establecer los delitos y faltas contra la federación y fijar castigos que por ellos deban imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada.

En principio solo el poder legislativo tiene la facultad de emitir las leyes penales, pero en situaciones de emergencia el presidente de la República podrá gozar de facultades extraordinarias para legislar en materia penal, siempre y cuando se den los presupuestos y se cumplan los requisitos que se establece el numeral 29 de la carta magna.

Elementos que conforman la teoría del delito

Acción Tipicidad Antijuricidad Culpabilidad Punibilidad

Por ello, la teoría del delito debe construirse desde los cimientos que proporcionan las mismas normas penales, pues de nada serviría el sistema si entrara en contradicción con lo expuesto en los textos legales. Por ello, no debe haber contradicciones internas al propio sistema, pues éstas podrían aniquilar el sistema.

Es de suma importancia utilizar la teoría del delito, pues dicha teoría proporciona un sistema de análisis para ordenar e interpretar las normas penales sustantivas para determinar si la conducta desplegada por el sujeto activo es o no constitutiva de delito. Y la responsabilidad penal es cuestión de carácter procesal que se determinará en la resolución del justiciable.

Definitivamente existen hechos que no son considerados como delitos, otros en los cuales los indicios se consideran que no lo son, pero puede suceder que no se encuentre a un probable responsable o habiéndolo encontrado, al analizar la conducta con la teoría del delito, se puede llegar a la conclusión que no cometió dicho delito y el cual debe ser absuelto el individuo, o bien que dicha teoría indica que sí se cometió el delito, pero por fallas, errores, anomalías, vicios procesales y sobre todo de prueba se impide sustentar la responsabilidad penal, de manera que deberá obtener la libertad, y en caso contrario de que se confirme la comisión del delito, y se acredite, encuadre y se compruebe la responsabilidad del sujeto se debe de sustentar conforme a las normas constitucionales, procesales y a los tratados internacionales y posteriormente el juez emita una resolución y que confirme la responsabilidad penal del acusado y la pena a imponer.

En la jurisprudencia 1a./J.143/2011 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en toda sentencia definitiva debe analizarse si existe o no delito, esto es, una conducta típica, antijurídica y culpable. Una conducta es típica cuando tiene adecuación a los elementos del tipo penal. Así, de la interpretación sistemática de los artículos 7o., 8o., 9o., 12, 13, 15, fracciones II y VIII, inciso a) y 17 del Código Penal Federal, se advierte que los elementos del tipo penal que deben examinarse en la sentencia son: I) los elementos objetivos de la descripción típica del delito de que se trate; II) si la descripción típica los contempla, los elementos normativos (jurídicos o culturales) y subjetivos específicos (ánimos, intenciones, finalidades y otros); III) la forma de autoría (autor intelectual, material o directo, coautor o mediato) o participación (inductor o cómplice) realizada por el sujeto activo; y, IV) el elemento subjetivo genérico del tipo penal, esto es, si la conducta fue dolosa (dolo directo o eventual) o culposa (con o sin representación).

En muchas ocasiones el legislador penal deja su testimonio sobre cuáles fueron los problemas que quiso resolver y las conductas que quiso prohibir a través de las normas previstas en una ley o en su reforma, pero lamentablemente en muchas ocasiones el legislador no deja constancia pormenorizada sobre el desarrollo de su labor y lo único que encontramos son manifestaciones generales en torno a la ley o reforma y su texto publicado en el Diario Oficial de la Federación, situación que obliga a acudir a otros criterios de interpretación emitidos por los mismos jueces en sus tesis de jurisprudencia o por los doctrinarios.

¿Qué son las normas de derecho privado?

Guía de Formación Cívica –

  • La Persona y los Derechos Humanos
  • La Familia
  • La Sociedad, el Derecho y el Pensamiento Político
  • La Democracia y la Ciudadanía
  • La Constitución
  • El Estado
  • El Poder Legislativo

«Vivir honestamente (honeste vivere), no dañar a otro (alterum non laedere) y dar a cada uno lo suyo (suum cuique tribuere)» Principios Fundamentales del Derecho, Ulpiano. «Derecho» es una voz polisémica, es decir, tiene múltiples significados, y no solo en el idioma en general, sino también en el propio campo jurídico.

  • Tiene raíz latina que deriva de la voz directum, que significa lo que está conforme a la regla, a la ley o la norma.
  • En latín más formal se empleaba la palabra ius.
  • El Derecho es una institución cultural, exclusivamente humana, como lo son también el lenguaje, el arte o la economía (Barros, 2007).
  • El Derecho es un sistema u orden normativo e institucional que regula la conducta externa de las personas, inspirado en los postulados de justicia y certeza jurídica, que regula la convivencia social y permite resolver los conflictos de relevancia jurídica, pudiendo imponerse coactivamente.

En sus orígenes, el Derecho resultaba prácticamente indistinguible de la tradición, la religión o las costumbres, como el derecho consuetudinario, pero a medida que las sociedades se van complejizando, se establecen las leyes escritas y los procedimientos que permiten el reemplazo de las normas jurídicas (lo cual ocurre a niveles casi imperceptibles respecto de normas religiosas, de trato social o morales).

Del mismo modo, el Derecho moderno tiene su validez en atención al procedimiento, dependiendo de que las normas jurídicas se hayan promulgado de acuerdo al procedimiento establecido, y conforme con la Constitución Política de la República, y no en atención a un criterio de justicia, con ciertos límites, por ejemplo, no pudiendo ir contra los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana.

Una de las principales divisiones del Derecho es aquella que diferencia entre el «Derecho objetivo» y el «Derecho subjetivo»:

Derecho Objetivo Derecho Subjetivo
Tradicionalmente se entiende como «el conjunto de normas imperativas que, para mantener la convivencia pacífica y ordenada de los hombres que viven en sociedad, regulan las relaciones de ellos determinadas por esas mismas normas». (Alessandri et. al., 2007). Se refiere al ordenamiento jurídico en su conjunto, a vivir en una sociedad donde existen normas. «Es un interés jurídicamente protegido». Comprende dos elementos: el del interés y el de la voluntad o el querer del individuo y se define como un poder de obrar (actuar) concedido a la voluntad del sujeto para la satisfacción de sus propios intereses, poder reconocido y garantizado por el derecho objetivo (Alessandri et. al., 2007). Alude a los derechos que cada persona tiene y puede ejercer. Evoca la idea de «tener derecho a» un interés determinado, el cual es reconocido (se encuentra contemplado) y garantizado, esto es, existen mecanismos para hacer exigibles las promesas del Derecho objetivo.

El Derecho, al ser un fenómeno cultural, se encuentra influido por las circunstancias históricas en que se desarrolla. Así, el concepto de «Fuentes del Derecho» busca responder la pregunta por el nacimiento de las normas y evoca dos cuestiones. ¿Por qué surgen las normas jurídicas? y ¿en qué forma surgen? La primera pregunta se refiere a todos los antecedentes que explican la existencia de una norma y reciben la denominación de «fuentes materiales» (pudiendo ser la consciencia de un pueblo, las necesidades políticas o económicas, un hecho que haya conmocionado a la opinión pública, etc.).

La segunda pregunta -cómo surgen las normas y cómo se expresan- se refiere a las fuentes formales que determinan la forma de crear una norma jurídica (sea el Poder legislativo, el Presidente de la República, las municipalidades), así como los medios por los cuales estas se manifiestan (Constitución, ley orgánica constitucional, reglamento).

Las principales fuentes formales son la Constitución Política, los tratados internacionales, las leyes 0rgánicas constitucionales, las leyes, entre otras. Clasificación Tradicionalmente se dice que el derecho es uno solo e igual para todos. Esta afirmación puede ser cuestionada a la luz del surgimiento de diversos sistemas especiales, sin embargo, en líneas generales, es una afirmación correcta, pues a todos quienes se encuentran en una situación similar o análoga se deben aplicar las mismas reglas, ya que si bien existe una multiplicidad de normas, teóricamente existe la idea de que estas forman un «ordenamiento jurídico», vale decir, que ellas no están anárquicamente yuxtapuestas, sino que en forma coordinada forman un conjunto unitario y coherente 1,

No obstante la unidad del Derecho, es útil realizar algunas distinciones para facilitar su ejercicio y estudio, de allí que surjan variadas clasificaciones: según la fuente de donde emana la norma jurídica, se encuentra el derecho escrito y el derecho consuetudinario; si se refiere al país o al extranjero, está el Derecho nacional y el Derecho internacional.

Ahora bien, si se trata de las personas propiamente tales, se distinguen el Derecho Público y Derecho Privado.

Derecho Público
Conjunto de normas que rigen la actividad y la organización del Estado, como también las relaciones entre los particulares y el Estado, en cuanto este actúa como poder soberano. Generalmente, estamos ante Derecho Público cuando una norma se aplica a un ente público, pero puede ocurrir que un ente público esté actuando como parte en relaciones privadas (por ejemplo, el Estado realiza una compraventa). Dentro de esta rama del Derecho, destacan: Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho Financiero y Derecho Internacional Público.
Derecho Constitucional. Es aquel que establece los principios y reglas que regulan la forma del Estado, los derechos constitucionales, las atribuciones y potestades de los poderes públicos. Entendido el Derecho como un sistema jerarquizado de normas, la Constitución Política es la de mayor jerarquía y, por tanto, ninguna norma inferior debe entrar en contradicción con ella, lo que se conoce como «supremacía constitucional». Dentro de la Constitución se distingue una parte orgánica, que es el estatuto de los poderes del Estado, estableciendo normas y competencias, así como procedimientos. La parte normativa o dogmática de la constitución, por otro lado, constituye el núcleo de la tradición constitucionalista clásica, estableciendo restricciones y límites al poder, así como las garantías fundamentales.
Derecho Administrativo. Regula la Administración Pública o Administración del Estado. Se vincula con el Derecho Constitucional, específicamente con su parte orgánica: es el derecho común de la Administración Pública. Define la forma en que se organizan, actúan y cómo responden los órganos de la administración del Estado. Entre sus principales fuentes, además de la Constitución, encontramos la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado ( Ley Nº 18.575 ) y la Ley de bases de los procedimientos administrativos ( Ley Nº 19.880 ).
Derecho Financiero. Rama del Derecho Administrativo relativa al manejo de las finanzas públicas. Abarca tanto normas sobre tributos (Derecho Tributario), así como normas financieras propiamente tales relativas al gasto (derecho presupuestario).
Derecho Penal. La doctrina penal define a esta rama del Derecho como «el conjunto de disposiciones que reglan las condiciones para la aplicación de las penas o de medidas de seguridad o rehabilitación» (Bustos, 2007). El monopolio del Estado sobre la fuerza física aparece en esta rama del Derecho con mayor claridad que en otras. El Derecho Penal establece relaciones entre el Estado y los individuos, ejerciendo su coacción sobre los bienes más valiosos para la persona, como son la libertad individual, la propiedad y, en algunos sistemas, la vida misma.
Derecho Económico. Regula todas las áreas de la economía que son objeto de regulaciones públicas. Hay un interés público en el buen funcionamiento de la economía y los mercados, por lo que se busca proteger la libre competencia y que no existan grandes alteraciones en los niveles macroeconómicos.
Derecho Procesal. Conjunto de normas que señala los pasos a seguir ante los tribunales de justicia. Se dice que es un ordenamiento mixto, pues aun cuando todos los ordenamientos presentan algún grado de mezcla, en el Derecho Procesal cabe distinguir el procedimiento penal, que es mayormente público, y donde la investigación se encuentra a cargo del Ministerio Público. En materia civil, en cambio, los juicios tienen un carácter predominantemente privado, pues aun ante los tribunales estatales, las partes tienen el control del procedimiento, su iniciativa y consecución.

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Derecho Privado Conjunto de normas que regulan las relaciones de los particulares entre sí o las relaciones de estos con el Estado u otros organismos cuando actúan como simples personas privadas, pudiendo ser el Estado también. Dentro de esta división del Derecho destacan: Derecho Civil, Derecho Comercial, Derecho del Trabajo, entre otros. Derecho Civil. Constituye el núcleo del derecho privado. Sintéticamente, el Derecho Civil se define como el Derecho Privado común (aplicable a la generalidad de las relaciones) y general (aplicable a todas las personas, salvo que exista una disposición especial); en forma descriptiva, como el conjunto de principios y preceptos jurídicos sobre la personalidad y las relaciones patrimoniales y de familia. Esta rama del derecho regula a los individuos desde el nacimiento hasta la muerte, tanto en su vida familiar, como en el ámbito económico. Por eso, es la más general y amplia de las ramas del derecho, y es ordenamiento básico de nuestra tradición jurídica. Su fuente principal es el Código Civil chileno (1855), y una serie de leyes complementarias como la Ley de Matrimonio Civil, Ley de Adopción, Ley de Acuerdo de Unión Civil, Ley de Propiedad Intelectual, Ley de Propiedad Industrial, Ley de Protección al Consumidor, etc. Derecho Comercial. Sus orígenes se vinculan a la actividad profesional de los comerciantes. Originalmente surge como un derecho estatutario (o propio) de los comerciales como grupo de personas. Posteriormente, ha dado paso a una naturaleza más objetiva, los llamados «actos de comercio», además de regular las actividades de los comerciantes, incluyendo actividades de transportes, seguros y títulos de crédito (letras, cheques, pagarés, etc.). Derecho del Trabajo. Configura un orden público de protección. Son normas irrenunciables para las partes que fijan un contenido mínimo a la relación laboral entre trabajadores y empleadores. Ejemplos de estos derechos irrenunciables: el salario mínimo, los horarios máximos de la jornada de trabajo, las cotizaciones obligatorias de seguridad social, las indemnizaciones por accidentes del trabajo, los plazos de desahucio, el descanso dominical, el fuero maternal, etc.

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Derecho Internacional Derecho Internacional Público. Conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones entre los Estados, señalando sus deberes y derechos, también establece las organizaciones internacionales, y por último determina ciertos derechos que pueden,hacerse valer contra cualquier Estado. La base de este Derecho reside en el reconocimiento de la igualdad de los estados. Sin embargo, se critica que en el Derecho internacional no existe coactividad, puesto que las sanciones o presiones que puedan ejercerse dependerá de la voluntad de los estados. Por otro lado, los tribunales con jurisdicción internacional entre estados, como la Corte Internacional de Justicia, no son de fácil acceso y requieren reconocimiento por parte de los Estados. Derecho Internacional Privado. Conjunto de leyes aplicables a las personas en sus relaciones internacionales. Normalmente, señala cuál es la ley aplicable para resolver una determinada controversia relativa a conflictos de leyes, en relaciones jurídicas que presenten factores de conexión internacional. Estos factores son criterios para definir la aplicación de un determinado derecho nacional (dentro de uno o más ordenamientos en disputa). Entre estos encontramos: la nacionalidad, el domicilio, la ubicación de los bienes, el lugar de ejecución del contrato, entre otros. Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Conjunto de normas internacionales, convencionales y consuetudinarias que establecen los límites y obligaciones de los poderes públicos para asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales a las personas bajo su jurisdicción, pudiendo contar con mecanismos internos, regionales o internacionales para enfrentar casos de violación de estos derechos. Tiene por objeto la protección, promoción y respeto de los Derechos Humanos a nivel internacional y nacional. Surge después de la Segunda Guerra Mundial. Derecho Internacional Humanitario. «El derecho internacional humanitario (DIH) es un conjunto de normas que por razones humanitarias, trata de limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan en los combates y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH suele llamarse también «derecho de la guerra» y «derecho de los conflictos armados» (Comité Internacional de la Cruz Roja ¿Qué es el derecho internacional humanitario?). Los principales tratados aplicables en caso de conflicto armado internacional son los Convenios de Ginebra de 1949 y su Protocolo adicional I, de 1977. Derecho Penal Internacional. Rama del Derecho que establece las conductas constitutivas de crímenes contra el Derecho Internacional (como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión), los tribunales competentes y las condiciones para conocer de casos en que los individuos incurran en responsabilidad penal individual. Surge con ocasión de los procesos de Nuremberg contra los jerarcas del régimen nazi10. El ejercicio de su jurisdicción «está regulado conforme al principio de complementariedad, de modo que la Corte solamente está facultada para investigar y conocer de los casos más graves que no hayan sido ni estén siendo investigados por otra jurisdicción de manera seria» (Cárdenas y Etcheberry, 2009).

¿Cómo identificar los elementos normativos?

Los elementos normativos requieren de una valoración ya sea cultural o jurídica. El legislador describe la conducta prohibida utilizando palabras que requieren de una valoración, para la cual es necesario acudir a las costumbres o normas de la sociedad en el lugar y tiempo en que se verificó el hecho.

¿Qué es el delito y cuáles son sus elementos estructurales?

Elementos del delito – En 1935, Mezger señaló que cuando se infringe el supuesto hipotético contenido en la norma jurídica penal, esa infracción o acto debe encajar dentro de lo descrito por la ley como delito, es decir, la infracción debe encuadrarse al tipo penal. Es lo que denominó la «teoría del tipo». Plantea que la estructura del delito implica:

Una conducta, que puede ser una acción o una omisión.Tener tipicidad, es decir, que incluya los elementos que fundamentan lo injusto específico de una figura delictiva.El ser antijurídica, lo que implica ser ilícita, contraria al derecho.Un/a culpable, o sea, al menos un/a autor/a implicado/a.Ser punible, es decir, que no existan razones de conveniencia o político-criminales que eximan de pena

Asimismo, complementa que, ante la inconcurrencia de uno o más elementos, no puede hablarse de comisión de delito. Es a partir de esta concepción que surge el desarrollo doctrinario correspondiente a determinar cuándo se configura cada elemento y qué consecuencias jurídico-penales se suscitan ante la ausencia de alguno.

¿Cuáles son las normas procesales?

Documento: Fallo 10870 de 2000 Consejo de Estado

Temas del Documento: (4)
Tema: ESTATUTOS
Sub-Tema: Estatuto Tributario Nacional
La ley sustancial es aqulla que confiere derechos a las personas, declara, constituye, extingue o modifica, obligaciones. Por ende, las disposiciones que tipifican sanciones, incluidos sus presupuestos y tasacin, tienen el carcter de ley sustancial. Las normas procesales, son aqullas que regulan el procedimiento para hacer efectivo el derecho sustancial. Por ello, las normas que regulan conductas e imponen sanciones tienen carcter sustancial y no procedimental, as el hecho de su ubicacin en el Libro V del Estatuto Tributario, Decreto Distrital 807 de 1993, que comprende procedimiento tributario, sanciones y estructura de la Direccin no les confiere a dichas disposiciones la naturaleza de normas instrumentales o procedimentales.
Tema: IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Sub-Tema: Sanciones por no Declarar
En materia del impuesto de industria y comercio, se aplican en primer lugar las disposiciones especiales del Decreto Ley 1421 de 1993 y en lo que no pugne o haya sido regulado en ellas, las previsiones del Acuerdo 21 de 1983. Antes de la expedicin del Decreto Ley, no se predicaba la facultad de la administracin distrital para sancionar la omisin en la presentacin de la declaracin tributaria del impuesto de industria y comercio. Dicho ordenamiento tena prevista la prctica de liquidacin de aforo y la imposicin consecuencial una sancin equivalente al doble del impuesto a cargo. No se desconoce que fue el Estatuto Orgnico del Distrito, va remisin al Estatuto Tributario Nacional, el que introdujo como conducta sancionable directa el incumplimiento del deber formal de declarar, y se tiene en cuenta que el Concejo Distrital posee poder de regulacin normativa complementaria de la ley, que le permite crear disposiciones jurdicas, tanto sustantivas como procedimentales, con arreglo a la ley. Considera la Sala que la norma de que se trata, es una regulacin de carcter sustancial sancionatorio tributario, que no corresponde exactamente a la adecuacin de la preceptiva legal a las particularidades propias del mbito del impuesto de industria y comercio. Advierte, que an cuando se aceptara que la norma acusada fuese estrictamente necesaria, el texto del artculo 60, no corresponde a una «armonizacin» del procedimiento tributario nacional, acorde con la «naturaleza y estructura de los impuestos distritales», (art.162 ) sino por el contrario, que se expidi una norma nueva de carcter sustancial en materia de sanciones. Es claro que el artculo en el aparte acusado, no adeca la parte procedimental de una sancin previamente establecida, sino que constituye una nueva regulacin en el punto especfico. Es precisamente esta consagracin la que halla ilegal la Sala, puesto que el hecho de que el artculo 643 del E.T., se refiriera y sancionara la omisin en la presentacin de las declaraciones de renta, ventas y otras, no habilitaba a una autoridad distinta del Concejo Distrital a travs de acuerdos, para regular sus aspectos sustanciales.
Tema: IMPUESTOS DISTRITALES
Sub-Tema: Creacin
Segn el principio de legalidad de los impuestos, su creacin es de reserva de ley, conforme a la funcin asignada al Congreso para establecer contribuciones fiscales y de desarrollo por parte de las corporaciones de eleccin popular, autorizadas para votar las contribuciones o impuestos locales de conformidad con la constitucin y la ley. Por tanto, el establecimiento de los tributos en general, debe efectuarse bajo las condiciones que determine la ley tributaria, a la que corresponde ocuparse de los aspectos sustanciales de la obligacin que mediante ella se crea.
Tema: IMPUESTOS DISTRITALES
Sub-Tema: Procedimiento Tributario
La ley sustancial es aqulla que confiere derechos a las personas, declara, constituye, extingue o modifica, obligaciones. Por ende, las disposiciones que tipifican sanciones, incluidos sus presupuestos y tasacin, tienen el carcter de ley sustancial. Las normas procesales, son aqullas que regulan el procedimiento para hacer efectivo el derecho sustancial. Por ello, las normas que regulan conductas e imponen sanciones tienen carcter sustancial y no procedimental, as el hecho de su ubicacin en el Libro V del Estatuto Tributario, Decreto Distrital 807 de 1993, que comprende procedimiento tributario, sanciones y estructura de la Direccin no les confiere a dichas disposiciones la naturaleza de normas instrumentales o procedimentales.

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¿Cuáles son las características de un delito?

El delito, en sentido estricto, es definido como una conducta, acción u omisión típica (tipificada por la ley), antijurídica (contraria a Derecho), culpable y punible. Supone una conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley.

¿Cuáles son los 5 elementos del delito?

Biblioteca – artículos electrónicos CAPITULO II. EL DELITO.2.1 EL DELITO DEFINICION LEGAL Y DOCTRINARIA. Definición legal del Delito: de acuerdo con el artículo 7° del Código Penal del Estado, «el Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales».

La palabra «delito», deriva del supino delictum del verbo delinquere, a su vez compuesto de linquere, dejar y el prefijo de, en la connotación peyorativa, se toma como linquere viam o rectam viam: dejar o abandonar el buen camino». Para González Quintanilla, el Delito «es un comportamiento típico, antijurídico y culpable».

Para Ignacio Villalobos, el Delito «es un acto humano típicamente antijurídico y culpable». Para Rafael de Pina Vara, el Delito «es un acto u omisión constitutivo de una infracción de la ley penal», Como se puede observar de las definiciones anteriormente citadas, se hace abstracción de la imputabilidad, ya que ésta implica la capacidad de ser sujeto activo del delito, o sea, no es un comportamiento propio del delito.

  • La imputabilidad no es mencionada, por tratarse de una referencia al delincuente, no al delito.
  • La imputabilidad como concepto penal se reduce a la capacidad de ser activo del delito, con dos referencias: a) un dato de orden objetivo, constituido por la mayoría de edad dentro del derecho penal, que puede o no coincidir con la mayoría de edad civil o política y; b) un dato de orden subjetivo, el que expresado en sentido llano se reduce a la normalidad mental, normalidad que comprende la capacidad de querer y comprender «el significado de la acción».2.2 ELEMENTOS DEL DELITO.- El Delito tiene diversos elementos que conforman un todo.

Para Maurach el delito es una acción típicamente antijurídica, atribuible; para Berling es la acción típica, antijurídica, culpable, sometida a una adecuada sanción penal y que llena las condiciones objetivas de penalidad; Max Ernesto Mayer define al delito como acontecimiento típico, antijurídico e imputable; Eduardo Mezger afirma que el delito es una acción típicamente antijurídica y culpable; para Jiménez de Asúa es un acto típicamente antijurídico culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad imputable a un hombre y sometido a una sanción penal.

De las definiciones anteriormente citadas así como las que se señalaron en párrafos anteriores, nos muestran como elementos del delito, según su concepción positiva y negativa, son los siguientes: Positivos Negativos. a) Conducta a) Ausencia de conducta b) Tipicidad b) Ausencia de tipo o atipicidad. c) Antijuricidad c) Causas de justificación.

d) Imputabilidad. d) Inimputabilidad. e) Culpabilidad e) Inculpabilidad. f) Condicionalidad objetiva f) Falta de condiciones objetivas. g) Punibilidad g) Excusas absolutorias. De acuerdo a nuestro Derecho Positivo Mexicano, el Código Penal para el Distrito Federal, en su artículo séptimo define al delito como el «acto u omisión que sancionan las leyes penales», así la conducta o hecho se obtiene de este artículo y del núcleo respectivo de cada tipo o descripción legal.

  • La tipicidad se presentará cuando exista una adecuación de dicha conducta a alguno de los tipos descritos en el Código Penal; la antijuricidad se presentará cuando el sujeto no esté protegido por una causa de licitud descrita en el artículo 15 del Código Penal.
  • La imputabilidad se presenta cuando concurre la capacidad de obrar en el Derecho Penal, es decir, que no se presente la causa de inimputabilidad descrita en la fracción VII del artículo 15 de la Ley Penal Federal.

Habrá culpabilidad de acuerdo a los artículos 8 y 9 de nuestra ley penal. La punibilidad existe cuando no se presentan las excusas absolutorias descritas por nuestro Derecho Positivo (federal). Las condiciones objetivas de punibilidad se presentan cuando al definir la infracción punible se establecen requisitos constantes, pero aparecen variables de acuerdo a cada tipo penal; pueden o no presentarse.

Como se puede observar, el delito tiene un gran contenido en cuanto a los elementos que lo componen y en relación a éstos, existen diversas corrientes de la doctrina, los cuales tratan de explicar algunos de ellos, como la teoría causalista y finalista de la acción, la teoría psicologista y normativista, el modelo lógico y la teoría sociologista.

Ahora, entraremos al estudio de cada uno de los elementos que componen al delito: 2.2.1. LA CONDUCTA.- La conducta es el primer elemento básico del delito, y se define como el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, encaminado a un propósito.

  1. Lo que significa que sólo los seres humanos pueden cometer conductas positivas o negativas, ya sea una actividad o inactividad respectivamente.
  2. Es voluntario dicho comportamiento porque es decisión libre del sujeto y es encaminado a un propósito porque tiene una finalidad al realizarse la acción u omisión.

La conducta puede ser de acción o de omisión y esta última se subdivide en omisión simple y comisión por omisión. La conducta tiene tres elementos: 1) un acto positivo o negativo (acción u omisión).2) un resultado.3) una relación de causalidad entre el acto y el resultado.

  • a) movimiento; b) resultado;
  • c) relación de causalidad.

La acción en sentido estricto, es la actividad voluntaria realizada por el sujeto, consta de un elemento físico y de un elemento psíquico, el primero es el movimiento y el segundo la voluntad del sujeto, esta actividad voluntaria produce un resultado y existe un nexo causal entre la conducta y el resultado.

  1. Dicho resultado de la acción debe ser sancionado por la ley penal, es decir, deberá configurar un delito descrito y penado en la ley, será intrascendente que lesione intereses jurídicos protegidos por la ley o sólo los ponga en peligro según el tipo penal.
  2. Según nuestro Derecho Positivo Mexicano, en el Código Penal en su artículo séptimo, el delito es «el acto u omisión que sancionan las leyes penales», de donde se desprende el elemento conducta pudiéndose presentar como una acción u omisión.

Así pues, la omisión, dice Cuello Calón, es «la inactividad voluntaria cuando existe el deber jurídico de obrar». La omisión tiene cuatro elementos: a) Manifestación de la voluntad. b) Una conducta pasiva. (inactividad). c) Deber jurídico de obrar. d) Resultado típico jurídico.

Estos delitos se clasifican en delitos de omisión simple o propios y delitos de comisión por omisión o impropios, respondiendo a la naturaleza de la norma, los primeros consisten en omitir la ley, violan una preceptiva, mientras los segundos, en realizar la omisión con un resultado prohibido por la ley.

La primera no produce un resultado material, la segunda sí. En los delitos de simple omisión, se viola una norma preceptiva penal, mientras en los de comisión por omisión se viola una norma preceptiva penal o de otra rama del derecho y una norma prohibitiva penal.

Los delitos de omisión simple producen un resultado típico, y los de comisión por omisión un resultado típico y uno material. En los delitos de omisión simple, se sanciona la omisión y en los de comisión por omisión, no se sanciona la omisión en sí, sino el resultado producido. Ahora bien, el aspecto negativo de la conducta es la ausencia de conducta, la cual abarca la ausencia de acción o de omisión de la misma, en la realización de un ilícito.

Nuestro Derecho Positivo Mexicano, en el artículo 15 del Código Penal Federal, en su fracción primera, determina como causa de exclusión del delito: «el hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente», esto es la afirmación de que no puede constituir una conducta delictiva cuando no se presenta la voluntad del agente.

  • El artículo 12 del Código Penal del Estado, menciona como causas excluyentes de incriminación, en su facción I.
  • El violar la ley penal por fuerza física irresistible o cuando haya ausencia de voluntad del agente».2.2.2 LA TIPICIDAD.
  • La tipicidad es la adecuación de la conducta al tipo penal.
  • En este sentido diversos autores han dado su definición de tipicidad; dentro de las más importantes tenemos la expresada por Francisco Blasco y Fernández de Moreda, la cual dice: «la acción típica es sólo aquella que se acomoda a la descripción objetiva, aunque saturada a veces de referencia a elementos normativos y subjetivos del injusto de una conducta que generalmente se reputa delictuosa, por violar, en la generalidad de los casos, un precepto, una norma, penalmente protegida» Se debe tener cuidado de no confundir la tipicidad con tipo, la primera se refiere a la conducta, y el segundo pertenece a la ley, a la descripción o hipótesis plasmada por el legislador sobre un hecho ilícito, es la fórmula legal a la que se debe adecuar la conducta para la existencia de un delito.

La tipicidad se encuentra fundamentada en el artículo 14 Constitucional, párrafo tercero, que a la letra dice: «En los juicios de orden criminal, queda prohibido imponer, por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata».

  1. Es importante diferenciar la atipicidad de la falta de tipo, siendo que en el segundo caso, no existe descripción de la conducta o hecho, en la norma penal.

2.2.3. LA ANTIJURICIDAD. La antijuricidad la podemos considerar como un elemento positivo del delito, es decir, cuando una conducta es antijurídica, es considerada como delito. Para que la conducta de un ser humano sea delictiva, debe contravenir las normas penales, es decir, ha de ser antijuridica.

La antijuricidad es lo contrario a Derecho, por lo tanto, no basta que la conducta encuadre en el tipo penal, se necesita que esta conducta sea antijurídica, considerando como tal, a toda aquella definida por la ley, no protegida por causas de justificación, establecidas de manera expresa en la misma.

La causa de justificación, es cuando es un hecho presumiblemente delictuoso falta la antijuricidad, podemos decir: no hay delito, por la existencia de una causa de justificación, es decir, el individuo ha actuado en determinada forma sin el ánimo de transgredir las normas penales, Así, si un hombre ha matado a otro, en defensa de su vida injustamente atacada, estará en una causa de justificación, excluyéndose la antijuricidad en la conducta del homicida.2.2.4.

  • LA CULPABILIDAD.
  • El concepto de la culpabilidad, dependerá de la teoría que se adopte, pues no será igual el de un psicologista, el de un normativista o el de un finalista.
  • Así, el primero diría, la culpabilidad consiste en el nexo psicológico que une al sujeto con la conducta o el resultado material, y el segundo, en el nexo psicológico entre el sujeto y la conducta o el resultado material, reprochable, y el tercero, afirmaría, que la culpabilidad es la reprochabilidad de la conducta, sin considerar el dolo como elemento de la culpabilidad, sino de la conducta.

La culpabilidad en la tesis finalista se reduce a la reprochabilidad y a diferencia de la teoría normativa el dolo y la culpa no son elementos de la culpabilidad porque son contenido del tipo. «la culpabilidad es por lo tanto, responsabilidad, apartándose consecuentemente de los normativistas mantienen el dolo y la culpa en la culpabilidad, constituyendo como se afirma por un sector un mixtum compositum, de cosas no pueden mezclarse».

  • La culpabilidad es un elemento básico del delito y es el nexo intelectual y emocional que una al sujeto con el acto delictivo.

2.2.5. LA PUNIBILIDAD. La punibilidad es un elemento secundario del delito, que consiste en el merecimiento de una pena, en función o por razón de la comisión de un delito; dichas penas se encuentran señaladas en nuestro Código Penal. Cuello Calón, considera que la punibilidad no es más que un elemento de la tipicidad, pues el hecho de estar la acción conminada con una pena, constituye un elemento del tipo delictivo.

Guillermo Saucer, dice que la punibilidad «es el conjunto de los presupuestos normativos de la pena, para la ley y la sentencia, de acuerdo con las exigencias de la Idea del Derecho». Por su parte Ignacio Villalobos, tampoco considera a la punibilidad como elemento del delito, ya que el concepto de éste no concuerda con el de la norma jurídica: » una acción o una abstención humana son penadas cuando se les califica de delictuosas, pero no adquieren este carácter porque se les sancione penalmente.

Las conductas se revisten de delictuosidad por su pugna con aquellas exigencias establecidas por el Estado para la creación y conservación del orden en la vida gregaria y por ejecutarse culpablemente. Mas no se pueden tildar como delitos por ser punibles».

  1. El aspecto negativo de la punibilidad se llama excusa absolutoria.
  2. Jiménez de Asúa dice que son excusas absolutorias las causas que hacen que a un acto típico, antijurídico, imputable a un autor y culpable, no se asocie pena alguna por razones de utilidad pública.
  3. Las excusas absolutorias son aquellas circunstancias específicamente señaladas en la ley y por las cuales no se sanciona al agente.

Así como la punibilidad no es considerada por muchos autores de elementos del delito, así tampoco la imputabilidad como se mencionó en el capítulo anterior. LA IMPUTABILIDAD. La imputabilidad es la capacidad de querer y entender, en el campo del Derecho Penal.

  • Querer es estar en condiciones de aceptar o realizar algo voluntariamente y entender es tener la capacidad mental y la edad biológica para desplegar esa decisión.
  • El aspecto negativo de la imputabilidad es la inimputabilidad, consistente en la incapacidad de querer y entender en el mundo del Derecho.

Son aquellas causas en las que si bien el hecho es típico y antijurídico, no se encuentra el agente en condiciones de que se le pueda atribuir el acto que perpetró. Por lo tanto, ésta implica la capacidad de ser sujeto activo del delito, o sea, no es un comportamiento propio del delito.

  1. En el Código Penal del Estado, se encuentra contemplada la imputabilidad en el artículo 15, así como también en el artículo 16 mencionas las causas de inimputabilidad.

2.3 FORMAS DE COMISION DE LOS DELITOS. Como se ha venido mencionando en los capítulos anteriores, el artículo 7° del Código Penal del Estado de Michoacán, aduce: «Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Los delitos pueden ser: I. Dolosos; II.

Culposos. El delito es doloso cuando el agente quiere o acepta el resultado, o cuando éste es consecuencia necesaria de la conducta realizada. El delito es culposo cuando habiéndose previsto el resultado, se confió en que no se produciría; cuando se causó por impericia o ineptitud». El dolo y la culpa, son especies o formas de culpabilidad de acuerdo al psicologismo.

El dolo para Cuello Calón es: «la voluntad consciente dirigida a la ejecución de un hecho que es delictuoso». Eduardo López Betancourt, menciona al dolo: » consistente en el conocimiento de la realización de circunstancias que pertenecen al tipo, y voluntad o aceptación de realización del mismo».

  • Carrara, por su parte, expuso que la culpa es una voluntaria omisión de diligencia, donde se calculan las consecuencias posibles y previsibles del mismo hecho.

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¿Cuál es el sujeto del delito?

Como sujetos del delito podemos mencionar – Sujeto Activo: persona física que puede cometer un ilícito penal. – Sujeto Pasivo: persona que sufre el delito – Impersonal: la víctima del delito es una persona moral o jurídica. – Personal: la víctima del delito es una persona física. Elemento positivo del delito.

¿Qué son las normas públicas y privadas?

Diferencias entre derecho privado y derecho público –

Mientras que en el derecho público predomina la heteronomía y las normas de corte imperativo u obligatorio, en el derecho privado se hace prevalecer la autocomposición de los intereses en conflicto y las normas de corte dispositivo (normas que actúan en el caso de no haber acuerdo o disposición contractual previa entre las partes implicadas. Los sujetos en el derecho privado se suponen relacionados en posiciones de igualdad, al menos teórica. La típica relación de derecho público, en cambio, suele venir marcada por una desigualdad derivada de la posición soberana o imperium con que aparece revestido el o los organismos públicos ( poderes públicos ) que en ella interviene. Se dice que las normas de derecho privado tienden a favorecer los intereses particulares de los individuos, mientras que en las normas de derecho público estarían presididas por la consecución de algún interés público. El Derecho Público, tiene relaciones de subordinación. Mientras el Derecho privado, tiene relaciones de coordinación.

¿Cuáles son las ramas del derecho público y privado?

II. RAMAS DEL DERECHO 1. Las diferentes clasificaciones del Derecho Tradicionalmente, el Derecho se ha dividido en las categorías de Derecho público y de Derecho privado. No obstante, esta división ha sido ampliamente criticada y en la actualidad no tiene tanta vigencia, ante la aparición de parcelas del Ordenamiento jurídico en las que las diferencias entre lo público y lo privado no son tan evidentes.

  • Actualmente se aprecia una tendencia a una clasificación por sectores de la realidad social, optándose así por un enfoque multidisciplinar.2.
  • Clasificación según el papel del Estado: derecho público y derecho privado Como se decía, la gran división tradicional del derecho distingue entre el Derecho Público y el Derecho Privado.

El primero, expuesto de manera simple, haría referencia a la estructura y organización estatal, y a las relaciones del Estado con los particulares; en el derecho Público las partes de la relación no están en plano de igualdad: una de ellas está subordinada al poder de la otra.

Integran este ámbito de Derecho Público las siguientes ramas: Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Laboral y Derecho Tributario. Por otra parte, el Derecho Privado comprende básicamente el Derecho Civil y el Derecho Comercial. El Derecho administrativo es el conjunto de normas jurídicas que regula la organización, funcionamiento y atribuciones de la Administración pública en sus relaciones con los particulares y con otras Administraciones Públicas (personificadas en una diversidad de órganos).

Por ejemplo, los requisitos para pedir una licencia de obras o de caza, los modos de acceder a la función pública, las exigencias para solicitar una subvención, etc. El Derecho constitucional (también denominado Derecho político) se ocupa del análisis de las leyes fundamentales que definen un Estado.

  • De esta manera, es materia de estudio todo lo relativo a la forma de Estado, forma de gobierno, derechos fundamentales y la regulación de los poderes públicos, incluyendo tanto las relaciones entre poderes públicos, como las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos.
  • El Derecho Penal es el conjunto de normas que recogen los delitos, las penas que el Estado impone a los delincuentes y las medidas de seguridad que el mismo establece para la prevención de la criminalidad.

Se da el nombre de delitos a ciertas acciones antisociales prohibidas por la ley, cuya comisión hace acreedor al delincuente a determinadas sanciones conocidas con el nombre específico de penas. El Derecho Procesal es la rama del Derecho que tiene por objeto regular la organización y atribuciones de los tribunales de justicia y la actuación de las distintas personas que intervienen en los procesos judiciales.

El Derecho Comercial, o Mercantil, se encarga de regular la actividad de los comerciantes, y sus relaciones comerciales, denominadas actos de comercio.El Derecho Internacional Privado trata de la regulación de las relaciones entre particulares, con domicilios en diferentes países, o hechos acaecidos en diferentes estados.El Derecho Internacional Público, rige las relaciones entre distintos estados u organizaciones internacionales.

3. Clasificación según el sector de actividad del que se ocupa: derecho médico y sanitario, derecho farmacéutico, etc. Pero la clasificación tradicional de las diferentes disciplinas jurídicas se revela en la sociedad actual como insuficiente, pues una misma realidad social no puede ser abarcada únicamente desde una única disciplina, sino que normalmente resulta necesario aplicar leyes y figuras jurídicas propias de disciplinas diversas.

Es por ello que cada vez es más común hablar de ramas del Derecho basadas, no ya en una determinada categoría jurídica, sino en la realidad social de la que se ocupa. Por ejemplo, el estudio de todos los problemas jurídicos que surgen en relación con la práctica de una actividad deportiva se integran en la disciplina jurídica conocida como derecho deportivo.

De este modo, se pasa de una superespecialización en una única rama del Derecho, a una especialización en un ámbito de la realidad social que exige un conocimiento básico de todas las disciplinas jurídicas anteriormente referidas, aunque sólo requerirá un conocimiento profundo de aquellos aspectos de cada una de aquéllas que tenga incidencia en la realidad social en cuestión.

  • Son muchas los ámbitos de la realidad social que han dado lugar, por su importancia, a la formación de una disciplina jurídica en sí misma.
  • Además del ejemplo expuesto del derecho deportivo, podemos mencionar el derecho informático o el derecho medioambiental.
  • E igualmente podríamos incluir dentro de esta clasificación áreas relacionadas con las ciencias de la vida, como el derecho médico, el derecho sanitario, el derecho farmacéutico o, más recientemente, el Derecho biotecnológico.

Con cierta frecuencia se confunde el derecho médico con el Derecho sanitario. Si bien, efectivamente, ambos se ocupan de un mismo ámbito de la realidad social, la Medicina, sin embargo comprenden aspectos diferentes de la misma. Así, el Derecho médico puede definirse como aquellas partes del ordenamiento jurídico que se ocupan del ejercicio de la medicina, esto es, de la profesión medica y, por asimilación, de otras profesiones sanitarias y no sanitarias vinculadas directamente de la salud.

De todas formas, debido a la constante expansión que se está produciendo en relación con el campo de intervención sobre la salud, el Derecho médico (también conocido más modernamente como Derecho biomédico) comprende en la actualidad las implicaciones jurídicas de la aplicación de las llamadas ciencias biomédicas sobre el ser humano.

Por su parte, el derecho sanitario en sentido estricto comprendería el estudio del régimen jurídico del conjunto de la organización sanitaria, en particular el sistema publico de sanidad, las acciones de salud publica y las relaciones de los ciudadanos con el sistema sanitario y con la autoridad sanitaria.

Sin embargo, es cierto que el contenido del derecho sanitario no es pacífico y a veces se utiliza como sinónimo de derecho médico. Pero aunque ambas disciplinas pueden presentar ciertamente en algunos campos un cierto solapamiento, y tienen por ello una estrecha vinculación, éstas son diferentes, por serlo su respectivo objeto de estudio.

Por lo pronto, el objeto del Derecho sanitario no siempre requiere o compromete la intervención del médico o de los demás profesionales sanitarios. Finalmente, el Derecho farmacéutico comprende el conjunto normativo integrado, de un lado, por el régimen de los medicamentos y productos farmacéuticos, su puesta en el mercado, utilización y financiación; y de otro, la ordenación de los servicios farmacéuticos, especialmente de las oficinas de farmacia.

¿Que regula el derecho público?

Derecho Público es aquél que regula las relaciones en las que una de las partes, el Estado o cualquier ente público, interviene ejerciendo su autoridad sobre la otra parte, estableciéndose en tal caso una relación de subordinación.

¿Qué es la dogmática jurídica penal?

– 14 En un sentido amplio, la dogmática abarca diferentes actividades. Podría decirse que estas tareas constituyen, en rigor, ‘dogmáticas’ independientes. Sin embargo, lo usual es entender que todas ellas son parte de una misma disciplina. Roxin (1997: § 7 nm.1), quien es probablemente su mejor exponente contemporáneo, resume esos quehaceres del siguiente modo: La dogmática penal es la disciplina que se ocupa de la interpretación, sistematización y elaboración y desarrollo de las disposiciones legales y las opiniones de la doctrina científica en el campo del Derecho penal.15 En un sentido un tanto diferente, la dogmática hace referencia solo a la teoría del delito,

  1. Esta se ocupa únicamente de ‘los presupuestos generales de la acción punible’ y, en este caso, las categorías centrales de análisis son la acción, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad.
  2. Han sido principalmente los doctrinarios de tradición alemana quienes han destacado en este último campo de trabajo intelectual y es allí donde la academia penal tiene su más elevado prestigio.

Una de las principales herramientas de este trabajo dogmático es la idea de ‘sistema’, entendido como el ‘orden lógico de los elementos del delito y, con ello, los presupuestos de la punibilidad legalmente regulados’.16 Ya sea en sentido amplio, que pretende abarcar cualquier actividad interpretativa o de sistematización, o en sentido más bien restringido, que abarca solo la teoría del delito, la dogmática tiene pretensiones de utilidad para los jueces.

  1. En general, esta pretensión se asienta sobre la idea de que el mensaje del legislador tiene que ser inevitablemente completado por la interpretación dogmática, que de esa manera reclama un papel imprescindible de intermediario entre la ley y la decisión judicial.
  2. Las observaciones que siguen de aquí en adelante se refieren sobre todo a la dogmática del hecho punible, pues allí es donde se pueden ver con más nitidez tanto las pretensiones de la dogmática en este sentido, como sus debilidades para hacerlo.17 Dejando de lado muchas sutilezas y complejidades históricas en el desarrollo de la dogmática penal, es interesante contrastar dos grandes concepciones, que podemos denominar concepción clásica y concepción contemporánea respectivamente.

Ambas concepciones pretenden un status científico específico para sus desarrollos conceptuales, pero sus objetivos y metodología difieren significativamente.18 Para la concepción clásica, la tarea de la dogmática consiste en dar cuenta de cómo es el derecho de una comunidad y ello requiere la interpretación y exposición sistemática de las normas que ha formulado el legislador penal.

  1. A su vez, esta tarea es conceptualmente diferente del análisis de cómo debe ser un determinado sistema penal ideal.
  2. Por el contrario, la concepción contemporánea asume que las decisiones del legislador no agotan el contenido relevante de lo que dispone el derecho penal y que la dogmática cumple una indispensable función normativa identificando normas y soluciones que se pueden invocar – con independencia de que ellas hayan sido recogidas por el legislador penal – para justificar decisiones.19 Para la concepción clásica, la base del conocimiento científico del derecho penal es la existencia de normas penales – y sus correlativos deberes y obligaciones – que pueden ser identificadas de manera objetiva y neutral.

De otro modo, el fundamento de los enunciados dogmáticos sería sólo una expresión de puntos de vista, de actitudes subjetivas y preferencias personales de cada uno de los juristas. La relevancia del aporte de la dogmática estaría garantizada por su autoridad teórica, por su búsqueda de la verdad basada en su capacidad científica.

Siguiendo este rumbo metodológico, la dogmática clásica acepta que la verdad de sus afirmaciones constituye un criterio decisivo para evaluar la corrección o incorrección de una determinada reconstrucción teórica. Pero, este compromiso conceptual enfrenta un desafío inmediato: ¿qué hechos determinan la verdad de una afirmación acerca de lo que el derecho dispone? Una respuesta simple sería que el valor de verdad de los enunciados jurídicos depende exclusivamente de la existencia de normas formuladas por el legislador.

Por consiguiente, en este enfoque clásico, las afirmaciones referidas a los deberes penales son verdaderas o falsas conforme a si el legislador ha formulado expresa o implícitamente una norma en el sistema penal de una cierta comunidad que impone ese deber.20 A pesar de que hemos denominado dogmática clásica a esta perspectiva, sería un error creer que ella ya no cumple función alguna en la actualidad o que no tiene cabida en el futuro de la dogmática penal.

Como señala Roxin (2008: 362): La ciencia del Derecho penal también tendrá en el futuro como tarea fundamental la sistematización, interpretación y desarrollo del Derecho nacional vigente, esto es, la dogmática jurídico-penal en sentido clásico.21 Por supuesto, los dogmáticos clásicos no siempre concuerdan con las normas que formula la autoridad y, con frecuencia, sugieren modificaciones y reformas, pero estas tareas críticas no se consideran parte de la dimensión científica de la disciplina.

Más bien, se asume que este aspecto crítico de la dogmática es conceptualmente secundaria respecto a la identificación y sistematización del orden positivo ya que sólo una vez que se han derivado las soluciones que el derecho ofrece a un cierto problema es posible determinar si ellas son correctas o si, por el contrario, requieren modificaciones.22 Como respuesta a este modo de entender este enfoque de la dogmática penal se desarrollaron otras perspectivas que ponen el acento en los aspectos normativos y críticos de la tarea dogmática.

Más allá de las importantes diferencias específicas entre estos enfoques alternativos, hay una característica sobresaliente que, de cierta manera, confiere un aire de familia a todas estas propuestas y da forma a lo que, por razones de simplicidad, denominaremos la concepción contemporánea de la dogmática penal.

Este aire de familia está dado por la convicción acerca de la naturaleza normativa de las propuestas dogmáticas y su función de control racional de las decisiones judiciales. En otras palabras, por la aceptación explícita de que la labor crítica y normativa es una parte legítimamente genuina del trabajo dogmático.23 Este rasgo de la concepción contemporánea puede ser brevemente caracterizado de la siguiente manera.

Las teorías dogmáticas rara vez se limitan a una exposición neutral de lo que prescribe el legislador sino que imponen criterios de interpretación, construyen jerarquías normativas y delimitan conceptos. La dogmática tiene, por así decirlo, una ‘vocación práctica’, que se manifiesta en una exigencia de aportar soluciones justas y socialmente adecuadas a los problemas normativos.

Como señala Roxin (1992: 63), ‘la dogmática penal no es un juego mental ajeno a la vida, sino una ciencia orientada a la praxis, para el estado libre y seguro de la sociedad’.24 Esta perspectiva dogmática propone criterios de corrección tanto de las normas del legislador penal como también de las decisiones judiciales.

  1. Estos criterios pretenden justificar las respuestas a los diversos problemas normativos y ofrecer un fundamento racional a la solución de los conflictos sociales.
  2. Por ello, con frecuencia se afirma que el desarrollo de la dogmática es imprescindible para reducir la arbitrariedad y garantizar imparcialidad en la interpretación y aplicación del derecho,

Una consecuencia natural de este enfoque sobre la naturaleza y función de la dogmática es la convicción en que un mayor desarrollo dogmático tiene efectos prácticos beneficiosos, que contribuye a la solución racional de nuestros problemas normativos.

Ésta sería, en palabras de Silva Sánchez (1992: 44), la ‘verdadera misión’ de la dogmática: Con ello podemos afirmar que disponemos de una caracterización de la dogmática que nos aproxima a su verdadera misión: añadir a los enunciados de la ley otros enunciados, que se emplean en la fundamentación de las decisiones junto a la ley misma.25 Las normas dogmáticas – que son normas complementarias o alternativas a las que propone el legislador – determinan con precisión las situaciones fácticas relevantes y sus consecuencias normativas, y, por ello, limitan la discreción de los órganos de aplicación del derecho.

La consecuencia que emerge es que la ley (en particular, la ley penal) pierde su carácter exclusivo de justificación de las decisiones judiciales ya que junto a ella surgen las normas dogmáticas ofreciendo fundamentos novedosos (i.e., distintos a los originariamente establecidos en la ley) a las decisiones judiciales.26 Si se admite esta caracterización, entonces también hay que aceptar que la ‘vocación práctica’ de la dogmática está ligada, a la justificación de las decisiones judiciales.

  1. Por supuesto, hay diferentes sentidos en los que se puede decir que la dogmática penal pretende colaborar con una ‘mejor justificación’ (o ‘buenos resultados’) de las decisiones judiciales.
  2. A efectos de evitar equívocos, es conveniente distinguir entre las siguientes cuestiones: 27 ( 1) En primer lugar, ‘buenos resultados’ puede significar que el desarrollo de la dogmática torna previsible a las soluciones judiciales.

Quizás quien mejor haya resumido esta pretensión es Gimbernat Ordeig. Este autor ( Gimbernat Ordeig 1990: 158) afirma que la dogmática penal: Hace posible // al señalar límites y definir conceptos, una aplicación segura y calculable del Derecho penal, hace posible sustraerle a la irracionalidad, a la arbitrariedad y a la improvisación.

  1. Cuanto menos desarrollada esté una dogmática, más imprevisible será la decisión de los tribunales, más dependerán del azar y de factores incontrolables la condena o la absolución.28 Esta creencia, ampliamente sostenida en la dogmática, supone una tesis normativa y una tesis empírica.
  2. La tesis normativa dice que es bueno que las soluciones de las autoridades judiciales sean previsibles.

La razón por la cual la idea de previsibilidad juega un rol importante en el derecho es bastante obvia. Esto les permite a los individuos predecir las consecuencias de sus acciones, y organizarse en consecuencia, al saber qué pueden esperar de los jueces.

La dogmática aportaría así un perfeccionamiento del principio de legalidad, si es que se entiende que la búsqueda de previsibilidad es una de las funciones de este principio.29 La tesis empírica, por su parte, asume que la dogmática efectivamente trae consigo soluciones judiciales más previsibles. Esto puede ser pensado desde un análisis cuasi global, según el cual pueda afirmarse que es verdad que en los países donde se usa la dogmática las decisiones judiciales son más predecibles; o más bien regional, afirmando, por ejemplo, que las decisiones de las autoridades argentinas son más previsibles, porque aquí se usa el método dogmático o incluso que los jueces que se valen de la dogmática son jueces más predecibles.

También cabe una afirmación hipotética en los casos en que esto, a nivel global o regional, no ocurra. Según ella, las decisiones judiciales serían más previsibles si se apelara al método dogmático, pero esta presupuesto rara vez es puesto a prueba mediante su corroboración empírica.30 ( 2) En segundo lugar, la contribución dogmática a la justificación de las decisiones judiciales puede entenderse desde una perspectiva valorativa, especialmente, a partir de la explicitación de la orientación teleológica de la dogmática.

  1. En este sentido, la dogmática sería una continuación de la ‘política criminal ‘.
  2. Por ‘política criminal’ pueden entenderse diferentes cosas en este ámbito.
  3. Algunos autores parecen identificar ‘política criminal’ con justificaciones consecuencialistas del castigo, pero, en rigor, no hay nada en esa expresión que impida incluir también argumentaciones deontológicas, especialmente las relativas a los límites al uso del poder penal.

Hacia la primera clase de razones se orienta la siguiente afirmación de Schünemann (2008: 10) : puesto que el fin primario del Derecho penal consiste en la protección de bienes jurídicos a través de la prevención general amenazadora, los presupuestos de punibilidad que conforman el sistema penal pueden ser derivados por medio de una reducción de medios a fines.31 En este sentido, la dogmática, y en concreto, la teoría del delito, sería una construcción concebida según su utilidad para (contribuir a) evitar la comisión de delitos.

A su vez, con una orientación deontológica se utiliza, por el contrario, el principio de culpabilidad, según el cual la responsabilidad moral debe ser condición de la responsabilidad penal.32 Pero, en todo caso, de lo que se trata es de lograr una solución correcta, con apoyo en ciertas premisas de política criminal.

La dogmática habría ayudado a asegurar mejores resultados, en este sentido, al destacar, por ejemplo, la diferencia valorativa entre causas de justificación y causas de exculpación.33 ( 3) Finalmente, la dogmática contribuye a la justificación de decisiones al reconstruir el material jurídico como un sistema.

En palabras de Roxin (1997: §7 nm.2), la existencia de un sistema, de ‘un todo ordenado conforme a principios’, hace visible, ‘simultáneamente, la conexión interna de los dogmas concretos’. Dos soluciones jurídicas son coherentes en la medida en que ambas resuelvan del mismo modo el mismo caso genérico (coherencia jurídica) o si resuelven dos casos genéricos distintos que tienen el mismo fundamento normativo en el mismo sentido (coherencia político criminal).

Se trata, en todo caso, de posibilitar la determinación de si cierta construcción teórica (por ejemplo, la del finalismo) padece contradicciones. El método dogmático, y especialmente su aspiración sistemática, permitiría evaluar esto con rapidez.34 La idea de sistema también permitiría ver rápidamente cómo la alteración de alguna de sus piezas puede afectar la estructura general.

  • Por ejemplo, si se admitiera que la tentativa debe tener menos pena que el delito consumado, solo en el supuesto de tentativa inacabada, entonces la participación en un hecho tentado debe tener menos pena que la participación en un hecho consumado, solo en la tentativa inacabada.
  • Un cambio para el autor, implica un cambio para el partícipe en la medida en que la razón que lo fundamenta se aplique a ambos.35 Estos son las principales estrategias de justificación de la tarea dogmática contemporánea.

Frente a la inevitable indeterminación e imperfección de la ley penal, la dogmática asume un papel protagonista, como un intérprete necesario para que los jueces ofrezcan ‘buenas soluciones’ y el derecho penal sea un instrumento racional de control social.

¿Cómo se llama la parte del derecho penal que estudia la dogmática penal de cada tipo penal?

¿Qué es la dogmática penal? – Ver más DELEYES Introducción: La cuestión a responder en este breve artículo es una de las interrogantes que a muchos amantes del derecho penal atrae; desde concepciones rígidas esgrimidas provenientes de la etimología de la palabra hasta las concepciones jurídicas de la misma hacen que pueda haber cierto desconcierto al momento de entender a la dogmática penal como tal.

Un tema importante es la determinación de su naturaleza: ¿la dogmática penal es una ciencia o, una disciplina jurídica? El estado de la cuestión alcanzó –quizá- su auge en los años 70’s(1), empero, en la actualidad, es casi avasalladora la unificación de criterios que determinan a la dogmática como ciencia del derecho penal.

No obstante, revisaremos ambas posiciones y, las funciones que cumple. En ese orden de ideas, el propósito del presente trabajo es uno ilustrativo que coadyuve al conocimiento de quienes deseen ingresar o no a este campo de la investigación científica-jurídica del Derecho penal esgrimiendo algunas definiciones y conceptos principales que permitan el vislumbrar de esta ciencia jurídico-penal en nuestros saberes.

  1. La dogmática jurídico penal: El término «dogma» expresa un sentido inequívoco respecto a una proposición entendida como cierta.
  2. Sin embargo, la dogmática jurídico penal, es una ciencia abierta a la discusión para la solución de un determinado problema jurídico cuyo límite está circunscrito a la ley.
  3. El principal estudio de la dogmática penal es la norma jurídico-penal.

Como afirma Roxin: «La dogmática jurídico penal es la disciplina que se ocupa de la interpretación, sistematización y elaboración y desarrollo de las disposiciones legales y opiniones de la doctrina científica en el campo del Derecho penal(2)». De lo expresado podemos apreciar que, la dogmática jurídico-penal cumple un papel determinante dentro del Derecho Penal, y es que, su contenido está dedicado al estudio de las premisas problemáticas del Derecho Penal, no solo interpretando o sistematizando, sino también, expresando su forma de aplicación a la realidad.

  • Al respecto, Jescheck y Weigend sostienen: El núcleo duro de la Ciencia del Derecho penal es la Dogmática penal ().
  • Ésta parte de la ley penal como su base y limite, pone de relieve su contenido conceptual y construye sus proposiciones jurídicas, ordenando el marial jurídico y trata de encontrar nuevos caminos en la formación de conceptos y en la sistemática(3),

Ambos autores reconocen a la dogmática penal como un saber jurídico trascendente cuya investigación forma la médula central del Derecho Penal. Así, la ayuda que ofrece la dogmática penal puede garantizar –en la medida de lo posible- buenos resultados a nivel judicial(4), mientras que, respecto a la sociedad brinda una garantía de los derechos fundamentales de toda persona(5), ya que, su ejercicio radica en el razonamiento dogmático intelectual de cada caso en particular.

  • Si se llegare a positivizar todo contenido dogmático, esto podría llevarnos al error de la aplicación de la potestad punitiva del Estado de forma arbitraria.
  • En ese sentido, la dogmática jurídico penal, ofrece –entre muchas otras- una seguridad jurídica.
  • ¿La dogmática penal es una disciplina o una ciencia? Se sostiene que la dogmática penal es una disciplina en tanto funge de instrumento para alcanzar un determinado objetivo.

En atención a ello, Manuel Atienza describe el siguiente procedimiento que sigue la dogmática penal: se plantea un problema, se examinan las soluciones propuestas previas, se indican los errores de dichas soluciones anteriores, se sugiere una nueva solución y, se concluye con la justificación.

  • Además, el fundamento del trabajo de un dogmático radica en la solución de problemas prácticos, de modo que, Atienza toma a la dogmática como una técnica para alcanzar tal fin(6) y, justamente sería eso lo que expresaría su naturaleza como disciplina.
  • Actualmente, la mayoría de autores consideran que la dogmática jurídico penal es una ciencia o, como sostiene Silva Sánchez: «la ciencia por excelencia del Derecho Penal(7)» y que, como tal, debe cumplir con ciertas particularidades como un objeto de estudio, método, entre otros.

En ese ínterin García Cavero comenta lo siguiente: La dogmática jurídico penal constituye precisamente una ciencia hermenéutica, en la medida que su objeto es la comprensión del Derecho Penal, y su cientificidad se sustenta en que procura un mayor conocimiento sobre la correcta imputación jurídica de un delito conforme al ordenamiento penal.(8) De ello se desprende que, la ciencia de la dogmática penal no es una basada en un concepto rígido y desfasado, sino que, teniendo como estudio la norma jurídico penal, se utiliza el método hermenéutico para solucionar conflictos que pudieran presentarse en el avance del Derecho Penal a través de la inducción y la abstracción(9) para una sistematización que coadyuve a la solución del problema (por ejemplo, «la teoría del delito»).

  1. Esta labor de la dogmática no es ilimitada, sino que tiene al ordenamiento jurídico como lindero de su estudio.
  2. Sin perjuicio de lo anterior, no es un error referirse a la dogmática penal como una ciencia y distinguirla radicalmente de una disciplina, porque, de forma genérica se puede sostener que toda ciencia es una disciplina, pero no al revés(10).

La función de la dogmática penal La función principal que cumple la dogmática penal es la de brindar seguridad jurídica garantizando los derechos fundamentales de toda persona. Esta función principal se desarrolla en otras tres sub funciones, las cuales son: la función de previsibilidad, la función de temporalidad y, la de corrección.

En la misma medida, la dogmática penal brinda una doble colaboración o soporte conocidas como: «la ayuda judicial», y «la ayuda legislativa». Cuando hablamos de la primera, ésta hace referencia a la interpretación y sistematización de disposiciones legales, mientras que, en el segundo caso, se habla de la elaboración y desarrollo de ello(11).

Respecto a la ayuda judicial, se destaca la función principal que realiza la dogmática penal – como bien sostiene Gimbernat, citado por Silva Sánchez- el cual es la seguridad jurídica desde el punto de vista de la «previsibilidad», porque, mientras más se abandone la ciencia, tanto más caerá la administración de justicia –en cuanto a sus decisiones- en la inseguridad e incoherencia, como bien apunta Von Lizst(12).

Desde este enfoque (soluciones judiciales previsibles), se hayan dos tesis: la tesis normativa y, la tesis empírica; la primera responde a razón de la previsibilidad de las resoluciones judiciales, en el sentido que, la dogmática penal impulsaría el principio de legalidad. La segunda tesis, por su parte, sostiene que la dogmática penal trae consigo concretamente soluciones judiciales previsibles materializadas(13).

La siguiente sub función consiste en la «coherencia» entendida desde el carácter de la temporalidad, esto quiere decir que, existe la posibilidad de continuar revisando las premisas que puedan presentar falencias en el avance del tiempo(14). Finalmente, la tercera sub función es la de «corrección», cuestión que se desarrolla a consecuencia de la antes sub función mencionada(15) como forma de ir suturando los problemas que presenta el Derecho penal.

  • Conclusión La dogmática jurídico penal es una ciencia hermenéutica encargada del estudio de la normatividad penal para la solución de conflictos mediante inducciones y abstracciones, teniendo como pilar de ello a la teoría del delito.
  • Asimismo, la primordial función que cumple la dogmática penal radica en la seguridad jurídica y con ello, garantiza los derechos fundamentales de cada ciudadano.

Aunque, no se considere fuente primaria del derecho, la dogmática penal es el baluarte de la razonabilidad y coherencia en el ordenamiento jurídico. Citas y bibliografía (1) Según Silva Sánchez, en 1970 ocurre la refundación de la dogmática penal, concretamente de la teoría del delito actual, con el trabajo de Roxin nombrada: Política Criminal y Sistema del Derecho penal.

  1. 2) Roxin, C. (1997).
  2. Derecho Penal Parte General – Tomo 1.
  3. Ed.3.a.).
  4. Madrid, España: Civitas.p.192.
  5. 3) Jescheck, H.H., & Weigend, T. (2014).
  6. Tratado de Derecho Penal Parte General – Tomo 1.
  7. Lima, Perú: Instituto Pacífico.p.61.
  8. 4) Milton Peralta, J. (n.d.).
  9. Dogmática penal y seguridad jurídica, 3.
  10. Recuperado de https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/66550/CONICET_Digital_Nro,980ce207-157c-425f-9cda-bd4e0d6d43f6_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y (5) Vilchez Gil, M.

(n.d.). Dogmática penal, 4. Recuperado de https://ficp.es/wpcontent/uploads/2019/03/Vilchez-Gil.-Comunicaci%C3%B3n.pdf (6) Atienza, M. (n.d.). La dogmática penal como tecno-praxis (Seminario de León), p.4. Recuperado de https://dfddip.ua.es/es/documentos/10-tesis-sobre-ladogmatica-juridica-en-general.pdf?noCache=1532512076453 (7) Silva Sánchez, J.

  1. 2012). Aproximación al derecho penal contemporáneo.
  2. Buenos Aires, Argentina: B de F.p.66.
  3. 8) García Cavero, P. (2019).
  4. Derecho Penal Parte General.
  5. Lima, Perú: Ideas Solución Editorial.p.50.
  6. 9) Ibid., p.51.
  7. 10) Significativa. (2017).
  8. Disciplina.
  9. Recuperado de https://significativa.org/diccionarios/disciplina/ (11) Ob.

cit., p.2. (12) Ob. cit., p.64. (13) Ob. cit., p.4 (14) Ibid., p.10 (15) Ibid., p.6. : ¿Qué es la dogmática penal? – Ver más DELEYES

¿Cómo se le llama al conjunto de potestades libertades y facultades jurídicas que poseen los individuos?

Cuando hablamos de derecho subjetivo, nos referimos al conjunto de potestades, libertades y facultades jurídicas que poseen los individuos. Se sustentan en cualquier razón admisible en derecho como la naturaleza, el acuerdo mutuo (contratos) o el ordenamiento jurídico (derecho objetivo).